El diputado colorado manifestó que la presentación del pedido de renuncia por parte de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) agrava la situación del actual contralor, quien es investigado por producción de documentos y uso de documentos públicos de contenido falso.
Por esa razón, Pedro Alliana no descartó la posibilidad de realizar un juicio político al titular de la Contraloría General de la República. Señaló que cuentan con los elementos necesarios para realizar ese procedimiento.
“Hoy se complica bastante la situación, teniendo en cuenta que es una institución que tiene que velar por el buen manejo de todas las instituciones”, recalcó el legislador, quien a la vez adelantó que se prevé una reunión con la bancada colorada a fin de hablar sobre el caso.
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Pedido de renuncia
La Junta Directiva de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) resolvió pedir la renuncia del contralor Enrique García tras la imputación presentada por el Ministerio Público. María del Carmen Benítez, presidenta de la Opaci, argumentó que el pedido de renuncia se debe a que el contralor no reúne la confianza para auditar los municipios del país.
“No estamos ajenos a la auditoría, pero queremos que primero sea investigado y renuncie, de tal forma que se pueda clarificar el caso. No nos da una garantía que alguien que es investigado por la Fiscalía vaya a auditar las Municipalidades del Paraguay”, refirió en NoticiasPy.
Benítez señaló que la permanencia de García al frente de la institución contralora constituye una amenaza para el bien municipal, por lo que de esta forma buscan salvaguardar los intereses de la Comuna.
Antecedentes
El fiscal Leonardi Guerrero imputó al contralor general de la República, Enrique García, por lesión de confianza, el pasado sábado, por los antecedentes del conflicto entre Ivesur y la Municipalidad de Asunción, donde él se desempeñaba como asesor jurídico antes de ser designado contralor.
La empresa Ivesur había ganado a la Comuna una demanda sobre indemnización por daños, por no exigir la inspección técnica vehicular (ITV) a los vehículos que entraban a la capital.
La condena establece el pago de G. 8.000 millones en concepto de indemnización y G. 10.000 millones por intereses generados durante el proceso.
