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Nacional
jueves 29 de junio de 2017, 15:47

Piden sumario para policías relacionados a coimas

El jefe de Policía departamental, el comisario principal Fidel Godoy Elly, solicitó un sumario ante la Justicia para un grupo de uniformados de la Comisaría 23.ª del barrio Las Carmelitas, involucrados en un supuesto caso de privación ilegítima de libertad y extorsión, denunciado por un ciudadano.
Por Édgar Medina | Ciudad del Este

Un grupo de tres agentes policiales, al mando del jefe de Comisaría Gerardo Vega, aprehendió a un hombre de nombre Víctor Rafael Cardozo González, que estaba tomando bebidas alcohólicas en una gasolinera. En medio de la aprehensión, los uniformados, según el denunciante, le pidieron dinero para dejarlo en libertad nuevamente.

El objetivo de la supuesta "negociación" entre ambas partes buscaba que el caso no pase a manos del Ministerio Público, según la denuncia. Ante la negativa, el hecho fue derivado a la Fiscalía como un supuesto caso de exposición al peligro en el tránsito terrestre.

Cardozo Valdez comunicó el hecho ante la unidad fiscal que lo investiga por la denuncia policial por supuesta exposición al peligro en el tránsito terrestre. Su abogado, Eddi Centurión, solicitó el desglose de la causa para que los agentes policiales sean investigados por extorsión y otros, luego de que se verifiquen las grabaciones de circuitos cerrados obrantes en el lugar de detención.

Su argumento refiere que los agentes aprehendieron a Valdez en el momento en que estaba ingiriendo bebidas en una estación de servicios ubicada en el kilómetro 6,5 de la avenida San Blas. Su vehículo estaba estacionado y su equipo de sonido no tenía altavoces, pero los agentes lo amenazaron con denunciarlo ante la Fiscalía por exposición y polución sonora, según su versión.

Los agentes exigieron inicialmente G. 2 millones de colaboración con la Comisaría, luego redujeron su pretensión a G. 1 millón y finalmente iban a percibir G. 200.000, pero el funcionario del aprehendido no pudo retirar el dinero de un cajero automático, por error de código, según el abogado.

Un agente policial acompañó al funcionario hasta un cajero automático con el objetivo de cobrar la coima, hecho que fue calificado como secuestro por los afectados. Incluso, durante el incidente los agentes policiales habrían recurrido al apoyo de una patrullera de la Comisaría 2. ª, ubicada en el barrio Ciudad Nueva, de cuyos agentes es vecino el afectado. Este no quiso denunciar el hecho por miedo, porque fue amenazado, según la denuncia.

Finalmente, los agentes lo trasladaron hasta la sede de la Policía Caminera, donde fue sometido a la prueba de alcoholemia y su caso derivado ante el Ministerio Público como un supuesto hecho de exposición al peligro en el tránsito terrestre, como si hubiese estado conduciendo en estado etílico, según reveló el abogado del denunciante.

El comisario principal Godoy Elly sostuvo que solicitará un sumario ante la Justicia Policial para que investigue quiénes fueron los agentes policiales que se encontraban de guardia en el momento en que ocurrió la supuesta extorsión, para que puedan responder sobre el hecho denunciado.

Además, pidió que el afectado denuncie el hecho ante el Ministerio Público formalmente, ya que hasta el martes no lo estaban haciendo por miedo a represalias, según los antecedentes.

OTRO CASO RECIENTE. La fiscala Juliana Giménez investiga otra denuncia por supuesta tortura, coacción, asociación criminal y extorsión agravada que involucra a un grupo de agentes de la Subcomisaría 14ª. de Minga Guazú. Todos los agentes ya fueron trasladados tras la denuncia del hecho, ocurrido el 16 de junio pasado en perjuicio de Julio César Zárate Aquino.

Los agentes denunciados están identificados como el oficial inspector Édgar González, los suboficiales Agustín Ibarra, Marcial Benítez, Benicio Osorio y Pedro Blanco. Estos supuestamente interceptaron a Zárate Aquino que pretendía vender dos tragamonedas de su propiedad y le exigieron una fuerte suma de dinero para volver a liberarlo.

Según el denunciante, fue torturado en la sede policial, pero luego acusado de ser un delincuente y obligado, por la fiscal que atendió la denuncia policial, a comprar una puerta de blindex para la Comisaría. Ahora, la fiscala Juliana Giménez investiga la denuncia presentada ante los agentes policiales y no descarta remitir la carpeta a la Unidad Especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público.