La Cámara de Senadores aprobó un polémico proyecto de ley para desafectar tierras públicas en favor de supuestos “inversores” privados. Llamativamente, uno de los proyectistas, el senador liberocartista Édgar López, reconoció que integrantes de la empresa se acercaron a solicitar la formalización de las tierras que hoy ocupa su emprendimiento.
López reivindicó este tipo de “gestiones” como una vía para generar empleos que, sin embargo, va en contra de tierras fiscales y leyes que lo amparan. Llamativamente, el propio proyecto expone que la ocupación se hizo en detrimento de calles de la ciudad de Hernandarias.
La mayoría oficialista de la Cámara de Senadores aprobó en primer trámite constitucional el proyecto que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Hernandarias a transferir a título oneroso, a favor de su actual ocupante, en este caso la empresa Ciabay SA, en el mencionado distrito.
De acuerdo con el proyectista, Édgar López, el hecho se fundamenta en que “ningún hernandariense se va a oponer… porque la empresa está al día con sus impuestos y están dando fuentes de trabajo”, indicó.
Dijo que, personalmente, visitó el lugar y valoró que, aparte de pagar por la ocupación, la firma “donará cuatro metros por cuatrocientos metros (sic) y no hay obstáculo de ningún paso. Yo quiero incentivar, no quiero espantar a los inversionistas. Ellos recurrieron junto a mí y por eso yo mismo presenté este proyecto”, expresó.
Cuestionan maniobra para despojar lo público
Los detractores al proyecto insistieron en que no debe avalarse la ocupación irregular bajo el criterio de “hechos consumados” y que la transacción seguramente habría beneficiado a autoridades locales en su momento.
La senadora de Cruzada Nacional Yolanda Paredes sostuvo que esta ocupación, incluso avalada por la Municipalidad de Hernandarias, seguramente se materializó a cambio de algún pago a “autoridades”. Señaló que habla por conocimiento de causa al ser oriunda del Departamento de Alto Paraná, donde queda el distrito al que afecta la desafectación.
“Este negocio jamás hubiera existido sin la complicidad de las autoridades y no creo que haya sido gratis”, indicó. Apuntó a que la Comuna pierde dos calles porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo local de hace doce años, hizo la vista gorda de la ocupación de una “empresa que mueve millones de dólares”.
La operación por el 50% del pago se habría concretado en USD 250.000, de acuerdo con lo mencionado por la parlamentaria. Para Yolanda, no cabe duda de que ahora el municipio y sus autoridades buscan que, como parlamentarios, “regularicen un despojo de dos calles que corresponden al distrito”.
En el mismo sentido habló la senadora liberal Celeste Amarilla, quien sostuvo que no corresponde en ningún caso otorgar este tipo de proyectos que afectan al bien público.
“Lo ilegal no se legaliza con el transcurso del tiempo. Vamos a votar una ilegalidad. De ninguna manera el hecho consumado le tiene que dar la propiedad a nadie y menos por una ley y de ninguna manera calles, plazas o predios públicos tienen que ir a parar a manos privadas”, subrayó.
Iniciativa
De acuerdo con la exposición de motivo, el proyecto de ley tiene por objeto la regularización de la situación de hecho por parte de la firma Ciabay SA, conforme a lo solicitado por la Municipalidad de Hernandarias.
En el propio proyecto de ley reconoce que la ocupación se trata de un espacio público destinado a calles: “Las fracciones de inmuebles parte de la Finca N° 16649 originalmente destinados para uso público (calles), hoy ocupadas por la firma”, dice el texto.
Además de que el convenio se hizo a partir del pago del 50% en un contrato de compraventa con el Municipio, otro aspecto que consideran es “gesto de buena fe” de la firma beneficiada, ya que esta “ha cedido al Municipio una fracción de inmueble de su propiedad privada para su destinación a calles de uso público, como forma de compensación por la desafectación solicitada”.
No es la primera vez que, por medio de un proyecto de ley de desafectación, tierras públicas pasarían a manos privadas, con criterios bastante cuestionables. El citado proyecto fue remitido a Diputados para su estudio y consideración.
