Según los últimos datos de pobreza extrema en nuestro país, la misma se ha reducido de un 20 al 10 ciento. Ello implica que hoy alrededor de 700.000 personas apenas logran pasar de un día a otro porque sus ingresos son extremadamente exiguos.
Esa situación es producto de siglos de injusticia en los que la clase dirigente de la República solo ha dado prioridad a sus intereses y ha olvidado que su deber esencial era articular las condiciones que pudieran alcanzar la meta de un país más equitativo desde el punto de vista económico.
Si tomáramos solo el periodo de vida independiente de la República, desde 1811, se observará en la historia que si bien hubo esporádicos esfuerzos para alcanzar una mayor justicia social, la actitud generalizada era mantener en la línea de pobreza a un vasto sector de la población que, con esa limitación, era fácil presa de la demagogia de los que detentaban el poder en una determinada coyuntura.
En las últimas tres décadas, luego de la caída de la dictadura en 1989, esa situación no ha variado mucho. Es cierto que hay mayor preocupación del Estado en relación con los sectores históricamente marginados, pero no pasa de lo formal. La estrategia asistencialista sirve para aumentar los porcentajes estadísticos, pero no para lograr una mejor calidad de vida de las personas que se encuentran en la indigencia.
El actual Gobierno persiste en utilizar los mismos métodos de sus predecesores en el afán de reducir la pobreza extrema. No ha tenido, sin embargo, el éxito esperado, pues el descenso de la cantidad de personas en la miseria hasta ahora se debe a las políticas públicas implementadas por gobiernos anteriores.
Ello significa que es necesario rectificar rumbos, cambiar de estrategia para que números y realidad estén en consonancia. Tal como está el inicio de año, sin embargo, no habrá avance alguno al respecto.
La lucha por el poder político con miras al 2018 es el tema casi monocorde de los que tendrían que haber estado trabajando para que el país vaya adelante y no se empantane en una puja que solo interesa a unos pocos, no a la mayoría.
Tal como se observa el panorama nacional, mientras se desarrolla la dialéctica de los que no piensan en los intereses colectivos, sino en los de sí mismos y sus grupos, la cantidad de pobres extremos puede aumentar de nuevo. Ese es el grave peligro que generan la irresponsabilidad y la irracionalidad de los que han traicionado el mandato recibido en las urnas: poner su máximo empeño para que los desheredados puedan alcanzar una mayor calidad de vida.
