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Especiales
viernes 30 de diciembre de 2016, 12:10

Gobierno no logra una política social para el desarrollo de la población

El 2016 no solo culmina con una incertidumbre política que mantiene en vilo a los legisladores, sino con deudas sociales que impiden el desarrollo integral de la población. Persecución al campesinado, falta de protección social y fracaso en la lucha contra la pobreza son algunas de las faltas que comete el Gobierno.

Para el sociólogo Luis Ortiz es claro que con este gobierno se promovió una política de persecución a los campesinos organizados, como se observa en las comunidades del norte del país y de otras regiones, de las que el reciente caso de Guahory, departamento de Caaguazú, constituye un caso emblemático de la acción pública respecto de la población minifundista: desalojo forzoso, represión y violación de los derechos humanos.

Tras dos procedimientos realizados con esta última comunidad, en septiembre pasado y el pasado martes 27, los propios "brasiguayos" admitieron que pagaron a la Policía unos USD 200.000 para expulsar a los campesinos de las propiedades que según el propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) fueron adquiridas en forma irregular por extranjeros, mientras que los labriegos fueron estafados por funcionarios de la misma entidad estatal.

Esta situación refleja que con este Gobierno persiste el problema de la tierra y su distribución, principal problema social en el país, que afecta principalmente a la población campesina que depende de la producción agrícola. El investigador del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) explica que este sector, al carecer de un apoyo integral, es arrinconado y compulsivamente expulsado hacia la ciudad, donde a su vez enfrentan nuevas y críticas dificultades.

Varias organizaciones campesinas reivindican el derecho a la reforma agraria con movilizaciones. Este año la mayor manifestación se realizó en abril, cuando los labriegos pidieron la condonación de las deudas contraídas con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y entidades financieras privadas, tras las promesas del Gobierno de un mercado seguro y buen precio para los productos. Habían accedido a créditos para comprar herramientas e insumos para la producción pero las promesas no se cumplieron y los labriegos quedaron con las expectativas contradichas: sin ingresos y endeudados.

Al respecto, Ortiz menciona la falta de un apoyo integral para este sector, hecho que se puede constatar comparando el discurso del gobierno con la realidad. A los reclamos de las organizaciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) respondió "que trabajen", mientras los productores de tomate y cebolla veían cómo las verduras se pudrían y con ellas su oportunidad de obtener oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

"La política agraria de un gobierno como este, que tiene un claro signo liberal y empresarial, muy difícilmente considera que las actividades económicas de producción y circulación de los campesinos sean consideradas como 'trabajo'", expresó el sociólogo sobre el caso.

Los campesinos se ven obligados a emigrar a las ciudades, donde acceden a fuentes informales de trabajo, con ingresos mínimos, en un intento por subsistir ante la incertidumbre del desempleo.

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"Una válvula de escape que alivia la presión en el mercado laboral es la emigración, pero cuyos costos sociales son demasiado altos para ser compensados por las remesas, que frecuentemente son afectadas por los ciclos económicos de los países de destino. La otra es poblar los barrios marginales urbanos. Este excedente laboral con escasa calificación y bajo nivel educativo constituye una verdadera bomba de tiempo en las principales ciudades" sostiene sobre este fenómeno el economista Dionisio Borda, en una edición de la revista "Economía y Sociedad" del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

Esto a su vez provoca que el departamento Central, a pesar de ser el más pequeño de los 17 departamentos del país, sea el más poblado, en un 35% con relación a las demás regiones. Los labriegos expulsados casi en su totalidad se ubican en los asentamientos urbanos informales y nuevamente son objetos de desalojos como en los casos de Capilla del Monte, Paraíso, Boca de King Kong y Triunfo, entre otros.

En este sentido la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) expone que existe una difícil inserción a la ciudad, producto de carencias significativas de las políticas públicas.

Otro fracaso es la lucha contra la pobreza, fenómeno que si bien registró una leve disminución en el 2015, no constituye un efecto de la acción pública. Esto se explica entre otros factores por lo que la economista Verónica Serafini indica como el trabajo infantil y adolescente que hace mover tímidamente los números a la baja y de lo cual el Gobierno se jacta como resultado de su intervención. Hasta la actualidad no queda claro el efecto del Programa "Sembrando Oportunidades".

Tampoco se avanzó en la asistencia con servicios y ofertas del Estado a los diferentes tipos de población encaminada hacia una condición de bienestar. "Esa red de protección social es una gran deuda de este Gobierno que ha priorizado otra lógica, de una política de mercado, donde el Estado participa mínimamente, pero no de una inversión social fuerte", manifiesta el analista social.

Vivienda.El presidente Horacio Cartes dirige la atención sobre los resultados de su mandato hacia las construcciones masivas encabezadas por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) como el barrio San Francisco, donde se proyectan más de 1.000 construcciones.

Pero para Ortiz se trata de una política aislada con limitados avances, pues no involucra soluciones integrales como el empleo, acceso a servicios de educación y sanidad con estándares de calidad, entre otros. Estos elementos hacen que los beneficiarios se vean incapaces de sostener su hábitat, quedando la política en cuestión en riesgo de regresionar en el corto plazo.

Estos reclamos de los sectores vulnerables siguen postergados al no estar incluidos en la agenda de la clase política, que su vez termina el 2016 más preocupada por las negociaciones para incluir la figura de reelección presidencial a la Constitución Nacional que por las políticas públicas que faltan establecer para lograr el desarrollo integral de la población.