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viernes 19 de agosto de 2016, 07:11

Familia de víctima prepara demanda contra el Estado por caso de "gatillo fácil"

La familia de Richard Pereira, quien quedó parapléjico tras recibir un disparo por parte de un policía, prepara una acción contra el Estado. Por el momento, se presentará una querella para tener una participación activa en la investigación del Ministerio Público.

La querella adhesiva para que la familia de la víctima tenga participación activa de las investigaciones sobre el ataque que sufrió por parte de la Policía, será presentada este viernes, anunció el abogado Miguel Martínez en Radio Monumental AM.

Pero en lo Civil también se recurrirá a una acción contra el Estado por daños y perjuicios, pues el joven que recibió un disparo en la nuca quedó parapléjico y su estado es irreversible.

Esta acción es primeramente contra los oficiales Jhonny Orihuela y el comisario Jorge Ignacio Zárate, quienes ya están imputados por la Fiscalía, pero es también contra la institución policial y consecuentemente contra el Estado a través de la Procuraduría General de la República, explicó Martínez.

La estrategia está lista, pero el padre de la víctima pidió más tiempo, pues el caso es muy reciente y la familia se centra en la investigación fiscal para determinar la responsabilidad de los uniformados.

Según la declaración de los policías, el joven tenía un arma de fuego y disparó contra los efectivos, pero el Ministerio Público descartó esta posibilidad luego de verificar las cámaras de circuito cerrado.

Lea más: Lo redujeron y después dispararon

El médico de guardia, Carlos Cuevas, fue el primero en atender a Pereira el sábado en el Hospital de Barrio Obrero, adonde el joven fue llevado por dos agentes que mencionaron al profesional que el paciente resultó herido tras un disparo "accidental".

Orihuela, quien efectuó el disparo contra la víctima, fue imputado por tentativa de homicidio, lesión grave en carácter de autor, persecución a inocentes y simulación de hecho punible, en tanto que el comisario de la 4.ª Metropolitana enfrenta los cargos de persecución a inocentes, simulación de hecho punible, denuncia falsa, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible y frustración de la ejecución penal en carácter de autor.

A pedido de la Fiscalía, el juez Pablino Escobar decretó la prisión preventiva de los uniformados.

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