28 mar. 2024

El juicio que puso fin al gobierno de la alternancia

Se cumplen cuatro años del juicio político que destituyó al presidente de la República Fernando Lugo y que significó el final del gobierno de la alternancia política. La matanza en Curuguaty y su tibia reacción fueron decisivas para impulsar el proceso en su contra.

Daniel Espinoza - daniel-espinoza@uhora.com.py

¡Por la condena!, es la frase que retumbaba aquel 22 de junio de 2012 en la Cámara de Senadores cuando la mayoría de los legisladores votó a favor de la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo.

De esa forma se ponía fin al gobierno de la alternancia política, que logró derrotar al Partido Colorado en las elecciones generales del 2008 y cortó su hegemonía de seis décadas. La figura del ex obispo se erigía como la esperanza de cambio para la población.

Si bien el gobierno de Lugo tuvo resultados favorables con los programas sociales, la gratuidad en la salud y condiciones más ventajosas para la venta de energía eléctrica al Brasil; fracasó en otros aspectos como la política de seguridad y la reforma agraria –una de sus principales promesas en la campaña electoral-.

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La histórica lucha de los campesinos por la tierra, que nunca tuvo respuesta por parte de los diferentes gobiernos, trajo consigo una de las peores tragedias en la era democrática y de la historia del país, con la matanza que se produjo en Marina Cué, donde 11 campesinos y 6 policías perdieron la vida el 15 de junio de 2012.

El luctuoso suceso encendió el escenario político y rápidamente la presión apuntó al Poder Ejecutivo y Fernando Lugo fue el principal blanco de las críticas. Su gestión ya tenía la resistencia de los colorados y de los agroempresarios e industriales, quienes luego de la masacre pidieron el juicio político.

“La conducción del país se le está yendo de las manos a nuestros gobernantes”, expresaba también monseñor Claudio Giménez durante la homilía de una misa celebrada en Caacupé. El religioso lamentaba la conducción poco clara del otrora jefe de Estado y advertía que la violencia estaba ganando terreno.

Ese ambiente de tensión y crispación fue aprovechado por el Partido Colorado, que tomó la decisión de impulsar el juicio político en el Congreso y negociar con los demás sectores políticos para lograr reunir los votos.

Las decisiones erradas de Lugo tras la masacre le hicieron perder a su principal aliado en el poder, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que, hastiado de sentirse apartado en la toma de decisiones, por el mandatario, se volcó en su contra y lo dejó sin fuerza política en el Poder Legislativo.

Para los movimientos socialistas y progresistas la decisión de los legisladores tuvo como base el oportunismo político y calificaron el proceso como un “golpe parlamentario”. Además, culpaban al Poder Judicial y al Congreso por los nulos resultados en la acción para la recuperación de las tierras malhabidas.

La destitución de Fernando Lugo también llevó al país al aislamiento político durante un año, porque los organismos regionales ideológicamente afines a su Gobierno catalogaron la situación como un quiebre del proceso democrático.

LA MATANZA Y SUS CONSECUENCIAS POLÍTICAS

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El sangriento episodio se registró en un inmueble en conflicto ubicado en la colonia Yvyrapytã, Curuguaty, departamento de Canindeyú. La fracción tiene una superficie de 1.748 hectáreas.

La propiedad es reclamada por la firma Campos Morombí SAC y Agropecuaria, perteneciente a la familia del ex senador colorado Blas N. Riquelme, pero también es disputada por el Estado a través de la Procuraduría General de la República y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

El Estado sostiene que el inmueble en cuestión le fue entregado por La Industrial Paraguaya SA, siendo aceptada esta donación por Decreto 29.366 del 6 de setiembre de 1967, y por Decreto 3.532 el Estado paraguayo incluso lo declaró de interés social y lo destinó para la reforma agraria, transfiriendo la propiedad al Indert a título gratuito.

La empresa Campos Morombí obtuvo las tierras al ganar un juicio caratulado “Campos Morombí contra La Industrial Paraguaya SA (Lipsa) sobre usucapión”. La situación del inmueble llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que sigue sin definir a quien pertenecería.

Ese mismo sitio fue ocupado por los campesinos, convencidos de que se trataba de tierras destinadas para la reforma agraria.

El juez José Benítez, de Curuguaty, solo había dictado una orden de allanamiento para comprobar la situación de los ocupantes. Sin embargo, las autoridades de la época la presentaron como una orden de desalojo, y esa fue la razón sobre la cual se preparó todo el operativo que involucró a 324 agentes de diferentes agrupaciones, entre especiales, montada y cascos azules.

Los uniformados ingresaron hasta el casco del predio y repentinamente se produjo el enfrentamiento que derivó en las 17 muertes y conmocionó a todo el país. Por el caso están acusados 12 campesinos, entre ellos una joven que entonces tenía 17 años.

Los policías responsabilizan de la masacre a los ocupantes de las tierras, mientras que la defensa de los procesados argumenta que no hay pruebas que vinculen a los labriegos con los disparos que se produjeron ese día.

Lea más: Nuevas contradicciones de la Fiscalía en alegatos finales

DECISIONES. Cerca del mediodía, Fernando Lugo, visiblemente consternado, salió a dar una conferencia de prensa en donde leyó un escueto comunicado y no permitió preguntas de la prensa. Con el transcurrir de las horas la presión aumentó para el mandatario.

El Congreso exigió la destitución del entonces ministro del Interior, Carlos Filizzola, con la amenaza de iniciar el juicio político. Lugo, para tratar de descomprimir el ambiente, cedió al pedido y sacó a uno de sus hombres de confianza.

En su reemplazo nombró al colorado y ex fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, decisión que cayó como un balde de agua fría a los referentes del Frente Guasu y el Partido Liberal Radical Auténtico. Consideraban que estaban perdiendo terreno mientras los colorados avanzaban rápidamente.

La designación del nuevo comandante de la Policía Nacional, Arnaldo Sanabria Morán, también trajo una ola de críticas debido a los antecedentes del jefe policial, quien tuvo arresto domiciliario por un caso de supuesto soborno. A eso se le sumó que varios jefes policiales reconocidos por su trabajo en la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) debieron pasar obligadamente a retiro.

El PLRA exigió la destitución del ministro Rubén Candia Amarilla y del comandante Arnaldo Sanabria Morán, como condición para seguir apoyando al titular del Ejecutivo. La respuesta de Lugo fue desafiar a sus aliados, expresando que no tenía intenciones de reemplazarlos.

JUICIO POLÍTICO EN TIEMPO RÉCORD

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Sin una fuerza política que lo sustente, se dio inicio al juicio político en la Cámara de Diputados el 21 de junio de 2012. En esa instancia se aprobó el libelo acusatorio contra el presidente Fernando Lugo, tras una sesión relámpago de apenas una hora y media de duración.

La acusación tenía cinco puntos. Uno se refería a un acto político realizado en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, que se realizó en el año 2009 con autorización de Fernando Lugo.

Se hacía referencia al caso Ñacunday, en donde responsabilizaban al Gobierno de ser instigador y facilitador de las invasiones de tierras en el departamento de Alto Paraná.

La creciente inseguridad fue otro de los motivos y señalaba que el Ejecutivo no fue capaz de generar programas y políticas que tiendan a disminuir la inseguridad ciudadana. También mencionaba las numerosas bajas policiales en manos del EPP.

Lugo proclamaba ser víctima de un “golpe de Estado parlamentario” orquestado por el precandidato colorado a la presidencia de la República Horacio Cartes, argumentando que la postulación del colorado “no prendía” y por eso pretendía truncar el proceso democrático a través de las fuerzas más conservadoras que se encuentran en el Congreso Nacional.

Cuando las cartas estaban echadas sobre la mesa y su destitución era cuestión de horas, Lugo intentó una última jugada desesperada para frenar el juicio político al ofrecer todo el gabinete ministerial, varios cargos y la destitución del comandante de la Policía a los liberales. Pero su ofrecimiento llegó tarde y las posturas no fueron cambiadas.

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El 22 de junio de 2012 la Cámara de Senadores se convirtió en tribunal para analizar la acusación y posteriormente dictar su veredicto. Se realizaron tres sesiones que superaron las siete horas, en donde también se escuchó a la defensa de Fernando Lugo.

El equipo defensor estuvo constituido por Adolfo Ferreiro, Emilio Camacho, asesor jurídico de la Presidencia, y Enrique García, procurador general de la República, además de Luis Samaniego Correa y el diputado Daniel Fleitas.

Los cinco puntos que fueron presentados en el libelo acusatorio por los fiscales fueron refutados uno por uno y expresaron que, a pesar de que los senadores ya tenían una decisión tomada, presentaban su defensa.

Manifestaron que el documento violaba el rango constitucional, por los plazos procesales, y no era más que “un libreto impreso y un simulacro de juicio político”, lo que se desarrollaba en el Senado.

El abogado Ferreiro calificó de vergüenza jurídica, de aberración y asalto democrático la presentación del juicio político. Señaló que la arbitrariedad llega al extremo cuando se presentan acusaciones y se lo juzga a Lugo por algo que no existe jurídicamente, como en el caso del Protocolo de Ushuaia II.

La votación final fue contundente. Una mayoría en el Senado, conformada por 39 colorados, liberales, oviedistas y patriaqueridistas, condenó al presidente Fernando Lugo por mal desempeño en sus funciones y lo destituyó del cargo.

Fernando Lugo aceptó su destitución como presidente de la República, tras el juicio político, y aseguró que se retiró por la “puerta más grande”.

“Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente”, fueron sus últimas palabras antes de dejar el cargo.

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