El grupo de uniformados que se encuentra en el norte del país para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) está sin descanso desde hace 45 días. Sin embargo, los superiores ya se están preparando para retirarse del lugar y celebrar las fiestas con su familia.
Pero lo más grave es la falta de víveres que “ya vienen arrastrando desde hace tiempo. Solo que ahora empeoró porque están sin víveres, antes tenían una escasez pero tenían, aunque sea de mala calidad”, denunció en Radio Monumental AM un familiar que pidió resguardar su identidad.
Los propios uniformados deben hacer “vaquita” para comprar alimento, siempre según la denuncia.
A esto se suma que son obligados a trabajar como guardia privada en las estancias, entre ellas, Casa Verde, Luisa y Terra Nova. En estos lugares hacen de porteros, escoltas y hasta limpieza. En época de actividades escolares también llevan a los niños a la escuela.
“Muchas veces son maltratados por los dueños de estancias porque prácticamente les quieren tener de empleados, les dan órdenes de todo tipo para hacer y denigran mucho al personal militar”, manifestó Pedro, nombre ficticio del denunciante.
Agregó que uno se siente impotente ante la situación y lo único que queda es realizar denuncias ante los medios de comunicación para que las autoridades tengan un poco de vergüenza.
Los familiares de diferentes uniformados mantienen conversación entre sí y analizan medidas si la situación continúa.
No es la primera vez que surgen este tipo de denuncias. La senadora Desirée Masi había reclamado en varias ocasiones las penurias que pasan los militares en la zona Norte.
Los debates en el Congreso, además, se centran en la falta de resultados de la FTC, pues cuatro personas están secuestradas en manos del grupo armado.
“Uno se siente impotente ante la situación. Siempre queda en promesas, lo único que nos queda hacer es este tipo de denuncias para que las autoridades tengan algo de vergüenza”, manifestó.
Una de las primeras decisiones del presidente Horacio Cartes al momento de asumir el Gobierno en el 2013 fue la modificación de algunos artículos de la Ley de Defensa. La medida tuvo el acompañamiento del Congreso.
El documento otorga prerrogativas al mandatario para disponer del ejército en conflictos internos sin la necesidad de declarar un estado de excepción, que debe ser aprobado por ambas cámaras legislativas.
Esos cambios posibilitaron ese mismo año la creación de la FTC, que opera en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, y está compuesta por militares, policías y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
