Por Robert Figueredo | Caaguazú
Una mujer fue denunciada en noviembre del año pasado por, supuestamente, prostituir a sus tres hijas menores de edad, como alternativa de ingreso económico para hacer frente a la extrema pobreza en la que se desenvuelve.
La hija mayor, con un hijo de meses, fue llevada con una familia que la acoge, mientras que la otra menor fue derivada a un albergue en la ciudad de Paraguarí.
De acuerdo al cura párroco, una de las menores se fugó con un desconocido y la otra volvió con la madre, que vive en condiciones precarias. El religioso acusa a la Justicia de inacción para proteger a las menores de edad.
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La denuncia del sacerdote apunta a la jueza del menor de Coronel Oviedo, Zenobia Frutos, a fiscales, defensores públicos y responsables de Codeni por no acompañar de cerca este caso, producto de la extrema pobreza, ignorancia y desatención del Estado a los segmentos más necesitados de la sociedad.
Cabe recordar que la primera denuncia del caso se presentó en marzo del año pasado, y recién en octubre se tomaron las primeras medidas.
Ahora, nuevamente, el religioso puso al tanto de la situación a las instituciones que manejan cuestiones de menores, pero sin ningún resultado.
Los nombres de las menores y de su madre se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima o supuesto autor de hechos punibles.
