El escrito manifiesta que la recusación a los fiscales Igor Cáceres, Aldo Cantero y Luis Piñánez se debe a una “enemistad manifiesta y falta de objetividad”. El procesado alega que los mismos “han consentido e impulsado el desarrollo viciado del proceso”.
Osorio argumenta que los investigadores violaron el código de Procedimientos Penales al mantenerlo recluido por seis meses sin contar con ningún elemento que pruebe su implicancia en el hecho, además de utilizar un tipo penal que no correspondía al caso y que no daba lugar al pedido de medidas alternativas.
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El ex policía también recusó a todos los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción y al fiscal adjunto, a fin de evitar que el Tribunal nombre a otro agente fiscal para continuar con el juicio.
Antecedentes. Roberto Osorio fue imputado por enriquecimiento ilícito por haber realizado un pedido de unas 186 tarjetas para cupos de combustibles que se utilizaron para fines particulares o, incluso, para efectivizar la supuesta carga del producto, simulando una transacción.
Esto se ejecutó con complicidad de empleados de las estaciones de servicios que integran el convenio firmado entre la Policía Nacional y Petróleos del Paraguay (Petropar), de acuerdo con las investigaciones.
El perjuicio patrimonial que manejan los intervinientes es de G. 1.159.242.441, a través de la utilización irregular de las tarjetas expedidas por Petropar, en convenio con la Comandancia de la Policía.
