El abogado Óscar Germán Latorre confirmó la demanda presentada por Víctor Bogado y Gabriela Quintana ante la CIDH por haberse quebrantado derechos y principios fundamentales de los condenados.
Latorre mencionó que la CIDH actúa en una etapa preliminar y debe evaluar si existe o no mérito en la denuncia presentada por Bogado y Quintana. “Si la Comisión considera que hay mérito en la denuncia emplaza al Estado para resarcir el daño”, explicó.
De acuerdo con el letrado, los argumentos de la demanda señalan que tanto el Tribunal de Apelaciones como la Corte Suprema de Justicia quebrantaron sus derechos.
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Para el abogado, a Gabriela Quintana se le atribuyó el delito de cobro indebido de honorarios cuando supuestamente el monto percibido en Itaipú Binacional no puede ser considerado como un cobro en la función pública. “Nadie analizó la naturaleza de Itaipú. Desconocieron totalmente el Tratado bilateral”, criticó.
“También se cuestiona la falta de un tribunal ordinario. La Sala Penal fue conformada por un camarista, Gustavo Santander, que integró el órgano cuando estaba desintegrada. La Sala Penal debía estar conformada por Manuel Ramírez, Lilian Candia y Carolina Llanes”, acotó.
Además, insisten en la nulidad de la sentencia por una supuesta falta de argumentación. “Fueron condenados por conductas atípicas, cayeron en suposiciones subjetivas”, aseguró.
“Deberán justificar todo el mamarracho”
Óscar Latorre calificó el caso de la niñera de oro como bochornoso. “Le ofrecieron a Víctor Bogado como un trofeo y un premio de la lucha a la impunidad y eso no puede hacerse violando la ley”, apuntó.
Argumentó que se llegó a una instancia internacional por una falta de confianza en la Justicia. “De la Justicia paraguaya ya no esperamos nada. Estamos tranquilos porque sabemos que a instancia nacional ya se agotó todo y ahora el Estado paraguayo va a tener que justificar todo el mamarracho que hizo”, señaló.
Pide su banca y suspensión de la condena
Otro hecho denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el retiro de la investidura de Bogado, sin un juicio previo, sin defensa y sin que el caso sea por tráfico de influencia.
“Se pide la suspensión de la sentencia condenatoria como el de la resolución del Senado, ya que es un despropósito”, comentó el abogado. Por su parte, Quintana pide su reposición como funcionaria en el Congreso Nacional.
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Lo que se constató durante la investigación es que Gabriela Quintana percibía dos salarios del Estado, uno de la Cámara de Diputados, cuando Bogado era presidente del cuerpo legislativo, y otro de la Itaipú Binacional.
Quintana también figuraba en otros documentos como empleada de servicio doméstico, específicamente como niñera, aunque la defensa niega que haya trabajado en el rubro y asegura que existió una producción de documentos no auténticos.
La investigación detallaba que la conocida como niñera de oro llegó a cobrar G. 71 millones en la Cámara de Diputados.
