Este 25 de noviembre, en que se recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es una jornada para reflexionar sobre esta epidemia que asola a nuestro país y al mundo entero. Los datos representan una situación que ni las instituciones ni las campañas están logrando cambiar: La creciente violencia, abusos y muertes. En este día es importante que las instituciones del Estado junto a la sociedad entienda que debe hacerse realidad el derecho de todas las mujeres a vivir una vida digna, una vida sin violencia.
Datos de la Fiscalía señalan que, en lo que va del año, se contabilizan un total de 33 feminicidios; estas muertes han dejado 64 huérfanos. Igualmente, se reportaron 31.619 víctimas de violencia familiar hasta octubre de este 2025. Estos son mucho más que datos estadísticos, son la verdadera radiografía de una situación que ni el Estado ni la sociedad están logrando contener ni cambiar.
Este Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que se recuerda cada 25 de noviembre, fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1999, para crear conciencia sobre la necesidad de poner fin a la violencia. La fecha recuerda el asesinato de tres hermanas, activistas políticas dominicanas, que fueron torturadas y asesinadas el 25 de noviembre de 1960, por orden del dictador Rafael Trujillo. La conmemoración busca hacer visibles las consecuencias de la violencia.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que entiende por “violencia contra la mujer”, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
La Declaración establece de forma clara que los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla; así también, deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora, una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer.
En este sentido, podemos afirmar que nuestro país ha logrado construir las herramientas necesarias, cuenta por ejemplo desde fines del 2016 con la Ley N° 5.777 de Protección Integral a las Mujeres contra toda Forma de Violencia, que es una normativa que tipifica 15 tipos de violencia por razones de género, entre ellos, el feminicidio y establece las penas. Sin embargo, a pesar del avance que supone contar con esta legislación, la violencia familiar es todavía el segundo hecho punible más denunciado en nuestro país, apenas superado en cifras por los casos de robo agravado.
A la luz de los datos, y de las estadísticas que cada año tenemos de los hechos de feminicidio, así como también las denuncias por violencia intrafamiliar, queda en evidencia que en el Paraguay son necesarias y urgentes las políticas públicas para frenar la violencia.
Los paraguayos debemos asumir que la violencia y los abusos son un grave problema que debemos enfrentar. Este año, además de las 33 mujeres que han muerto víctimas de feminicidio debemos hablar de los terribles datos del primer semestre, sobre las más de 1.300 denuncias por abuso sexual infantil. Este dato equivale a decir que se tiene un promedio de 9 víctimas de abuso por día, de acuerdo con la información oficial del Ministerio Público. Asimismo, las cifras apuntan a que ocho de cada diez casos de abuso en niños fueron denunciados en las escuelas, y que el 66% de las víctimas de abuso sexual son niñas.
Es urgente que nuestras autoridades planteen estrategias, planes y políticas que apunten a desarrollar la conciencia de la sociedad y el compromiso de todos para la eliminación de todo tipo de violencia contra mujeres y niñas. Porque todas las mujeres y niñas paraguayas tienen derecho a vivir en un ambiente seguro, donde se respeten sus derechos y su dignidad.
