Quedan pocas dudas respecto al hecho de que la renuncia del ahora ex intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, no traería en sí una solución para una maltrecha capital. La grave crisis en la administración municipal avanza a pasos agigantados y de momento no se ven alternativas. La situación es sumamente delicada. Actualmente, la crisis ya no se trata solamente de que apenas se puede cumplir con la provisión de servicios básicos a los vecinos, sino que además se están tomando decisiones que pueden incidir en el futuro de la ciudad.
Las noticias que se están generando desde la Municipalidad de Asunción son graves y preocupantes. En estos momentos, además de tener serias limitaciones para proveer servicios básicos a la población, la administración del intendente que asumió tras la renuncia de Óscar Nenecho Rodríguez, Luis Bello, junto a su Junta Municipal, estaría tomando decisiones que podrían llegar a tener un impacto negativo en el futuro inmediato de nuestra ciudad capital.
De acuerdo con las denuncias del concejal opositor, Álvaro Grau (PPQ), el Presupuesto 2026, que fuera aprobado hace unos días por ediles colorados, es el que “menos votos tuvo en la historia” de la Municipalidad de Asunción. El concejal lo considera ilegal por presentar una serie de irregularidades, entre ellas que no registra ningún saldo de bonos, prevé gastos corrientes mayores a los que permite la ley, y además “tiene vigencia por más de un año”, incluso hasta 2028.
Uno de los puntos atacados tiene que ver con el hecho de que apenas diez concejales aprobaron el nuevo presupuesto, y además que el mismo es un “presupuesto plurianual, algo que es totalmente ilegal, porque la ley obliga a la Junta Municipal año tras año a estudiar y analizar, y sacar una ordenanza de presupuesto”, explicó Grau, añadiendo que es inaudito e ilegal.
Por otra parte, continúa la crítica, el documento ya no incluye ningún saldo de bonos, un detalle que podría estar implicando que ya no hay dinero correspondiente a ninguna emisión. “En ese presupuesto hacen desaparecer una cuenta de saldo de bonos, que es donde se debe reponer contablemente el dinero que desapareció de los bonos”. Y agregó que, con la desaparición del saldo “están configurando el perjuicio patrimonial, porque significa que ni siquiera se va a devolver como para poder invertir en esa infraestructura que se debía usar el dinero de bonos”.
Otra “ilegalidad” incluida en el Presupuesto, de acuerdo a las denuncias del concejal, se refiere a la previsión de “un gasto mayor al que permite la ley para gastos corrientes”. Se remitió a la Ley 5513/2015, que modifica el artículo 179 de la Ley Orgánica Municipal y establece que solamente el 40% del impuesto inmobiliario puede ir destinado a gastos corrientes. “La Municipalidad atacó de inconstitucional esta modificación de la Ley Orgánica y en el 2018 la Corte denegó esa inconstitucionalidad. Acá están proyectando gastar más de ese 40%”, explicó Grau.
Otro concejal, Humberto Blasco, sumó otras denuncias al cuestionar el hecho de que el Presupuesto 2026 incluya G. 174.634.548.251 como resultado de la posible venta de las tierras de la Costanera Norte, y calificó la operación como un despropósito, considerando que el gobierno de Bello es de “transición” y no puede tomar esa decisión, “para pagar la ruleta en la que hemos incurrido en ejercicios anteriores. La subasta de las tierras públicas (...) no sirve para pagar deudas ni timbas que se realizaron en el ejercicio anterior”, expresó el concejal.
La situación del Municipio es delicada, recientemente surgió la intención de recurrir a un nuevo crédito, esta vez de 180.000 millones de guaraníes, para pagar aguinaldos, cubrir la deuda de la Caja de Jubilaciones, y otros gastos.
No se puede permitir que los políticos, en su irresponsabilidad, tomen decisiones que podrían quedar impunes, y que además significarán una grave y sensible pérdida para la ciudad capital. Es urgente algún tipo de acción que signifique el retorno de la transparencia en la administración de Asunción. La ciudadanía que reclama mejores servicios ya no puede tolerar abusos y despropósitos de sus gobernantes.
