Se trata de una joven madre de dos niños que se dedicaba a vender chipas para salir adelante, pero toda su rutina cambió por completo tras el violento intento de abuso sexual y asalto domiciliario que sufrió en abril de 2025 en su casa ubicada en la ciudad de Luque.
La víctima teme por su seguridad tras enterarse de que recientemente la fiscala Cecilia Núñez solicitó el sobreseimiento provisional para uno de los dos hombres que irrumpieron en su domicilio.
El ahora sindicado fue el que actuó con mucha violencia y también intentó abusar de ella. Todo esto pasó frente a su hija de 6 años, que quedó con graves secuelas a causa de lo ocurrido. La pequeña no duerme por las noches y vive con miedo de que los sujetos vuelvan.
Aquella madrugada que los sujetos irrumpieron en la tranquilidad de esta familia, la mujer logró pedir auxilio y escapar de sus atacantes. Uno de ellos fue detenido, está procesado, con prisión preventiva y a la espera de su juicio oral.
Sin embargo, el otro implicado estuvo todo este tiempo prófugo y en estado de rebeldía, pero le otorgaron el sobreseimiento provisional.
“Una de las personas está procesada y privada de libertad y otra es la que estaba prófuga y con estado de rebeldía y hoy sorpresivamente se encuentra con un pedido de sobreseimiento provisional y con medidas alternativas a la prisión preventiva”, relató a NPY el abogado de la víctima Damián Arévalo.
Situación que cuestionó, ya que el sujeto “recibe una especie de venia, para poder circular normalmente”.
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“En su momento, ella había llamado a la Policía, que le pregunta si puede identificar a estas personas y ella les responde que sí, que eran sus cuñados, y la Policía le dijo que eran sus parientes y que no había problema, que al día siguiente puede hacer la denuncia y le dejan a su suerte”, lamentó Arévalo.
El hombre que fue beneficiado con esta medida es la persona que intentó abusar de ella. Uno de ellos fue identificado como Édgar Figueredo.
Arévalo siguió manifestando que el programa de protección a víctima prácticamente la asignó en una especie de arresto domiciliario, donde ella no recibía ningún tipo de asistencia económica ni de contención psicológica.
“Mi hija me dice ‘mamá, yo tengo miedo de que ellos vuelvan’. Yo antes vendía chipas, pero yo dejé de salir a vender por miedo a seguir exponiéndome en la calle. Tuve que cambiar mi vida porque ya no fue igual”, dijo con mucha impotencia la víctima.
La mujer sospecha de un soborno para que la fiscala cambie de parecer y apuntó a una supuesta amistad con el abogado del hombre de nombre Roberto Bernal.
Las identidades se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.
El artículo 9 de la Ley 5777 de “Protección Integral a las Mujeres Contra Toda Forma de Violencia” garantiza el respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece.
