El JEM llevó adelante una sesión extraordinaria este lunes, a las 13:45, para expedirse sobre el caso del fiscal Luis Said, quien finalmente obtuvo una sanción más leve de lo previsto por parte del órgano que juzga a jueces y fiscales.
Fuentes del órgano extrapoder adelantaron a Última Hora que una amplia mayoría de los miembros no acompañaría la expulsión del funcionario del Ministerio Público enjuiciado a pedido del fiscal acusador Celso Ayala, quien se basó en una denuncia que realizó entre 2018 y 2019 el senador Ramón Retamozo (ANR).
Siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento votaron en forma unánime por el apercibimiento de Luis Said por la supuesta inactividad, mientras que por la falta de imputación en el desempeño de sus funciones obtuvo seis votos en contra, por no haberse comprobado.
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La mayoría coincidió en que el fiscal acusado incurrió en más de 30 meses de inacción, en cuatro diferentes lapsos de tiempos procesales diferentes.
No obstante, el cartismo se habría apoyado en la denuncia para obtener la destitución del fiscal, quien logró condenas emblemáticas, tales como las del ex rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta; la del ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas; y la del ex gobernador de Villa Hayes, Óscar Ñoño Núñez. Este último, hermano del actual presidente del Congreso Nacional, Basilio Bachi Núñez.
Incluso el propio acusado habló al principio de una “inminente” destitución porque había un político detrás ejerciendo presión. Se manejaba que provenía del sector del cartismo.
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El único integrante del JEM que estaba de acuerdo con la sanción por los dos hechos –inactividad y falta de imputación– fue el ministro César Garay, representante de la Corte Suprema de Justicia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El presidente de la República, Santiago Peña, por su parte, horas antes del veredicto negó cualquier injerencia del Poder Ejecutivo en el juicio que se estuvo llevando adelante en el JEM en contra del fiscal Luis Said.
Resaltó su plena confianza en la decisión que tomara Alicia Pucheta, presidenta del Jurado de Enjuicimiento de Magistrados.
