Como informó la abogada Noelvis Martínez, los pobladores están siendo supuestamente presionados a vender sus viviendas a precios irrisorios, con el objetivo de despejar la manzana ubicada entre Teniente Manuel González y Cabo Esteban Ríos.
El pasado 2 de julio, la situación se agravó al registrarse el ingreso sin autorización de unas personas extrañas en un terreno ubicado en la calle Manuela Vellozo casi Diagonal La Piedad. Mientras los habitantes se encontraban fuera, el grupo habría ingresado y habría provocado destrozos, como el derrumbe de un muro trasero y el quiebre de una puerta.
Juan José Godoy, uno de los afectados, contó a Última Hora que las personas que ingresaron a su casa “simularon que golpeaban la mano para ver si alguien estaba, echaron la muralla (trasera), rompieron una puerta, entraron, sacaron los muebles y pusieron unas chapas al frente para que los vecinos no pudieran ver”.
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La intención, según Godoy, fue demoler la casa. El avance de estas personas solo fue frenado cuando los vecinos, alertados, acudieron al lugar para impedir la destrucción, logrando espantar a los supuestos invasores.
Godoy detalló que él y su familia buscan regularizar la situación del terreno que habitan desde hace décadas.
“Nosotros hace 22 años estamos acá con diferentes pedidos de expedientes. Paralelo a eso le metieron a ellos (desde la Municipalidad de Asunción) otros expedientes y el de ellos ya está con pedido de titulación en menos de un año. La jugada era agarrar la posesión y después venir con el título”, dijo Godoy, aludiendo al grupo de personas que supuestamente busca apropiarse del terreno.
Este hecho fue uno de los motivos que empujó a un grupo de vecinos de la zona a presentarse el miércoles en la Junta Municipal, para exigir la “intermediación de los terrenos municipales ocupados hasta aclarar las situaciones registrales”.
En una nota dirigida al presidente de la Junta Municipal, Arturo Almirón, los vecinos pidieron que “se estudie caso por caso, se analice y se verifique con inspectores municipales quién ocupa cada uno de los inmuebles de dominio privado municipal que se encuentran en el barrio Mbocayaty”.
En la nota, identifican al ciudadano Rodolfo Manuel Fernandez Almada como la persona que lideró al grupo que entró a la vivienda de Godoy “sin una orden de desalojo” y que “derrumbó la muralla del domicilio”.
Sobre el caso también se indica que una de las habitantes del lugar, Miriam Ramírez, denunció la “sustracción de G. 35.000.000" de su vivienda.
“45 familias están siendo presionadas para que vendan sus ocupaciones, sus casas que ocupan hace 20, 30 y más de 40 años”, resalta la nota presentada por los vecinos.
Vecinos apuntan a “expedientes paralelos” y complicidad de funcionarios municipales
Los vecinos consultados por este diario, mencionaron también la sospecha de una presunta complicidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción con los interesados en que se vayan de la zona.
Afirmaron que mientras sus solicitudes de titulación llevan décadas “encajonadas”, los pedidos de los desarrolladores inmobiliarios avanzan con gran rapidez.
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Noelvis Martínez, representando a los vecinos, refirió que el caso de Godoy habría sido posible gracias a que el interesado en comprar el terreno “dijo (a la Municipalidad) que ese terreno estaba abandonado, y en un tiempo récord pudo pagar arrendamiento”.
Esto al mismo tiempo en que la familia de Godoy mantenía otro expediente abierto pero “congelado”. Los pobladores señalan directamente a la Dirección de Catastro como la responsable de que estas “aberraciones” ocurran.
Pagan en promedio G. 90 millones para que se vayan, según vecinos
El avance de un proyecto inmobiliario que se gesta en la zona está dejando secuelas en la vida del lugar, aseguran los vecinos. Al menos ocho familias ya cedieron sus derechos ante la presión y se mudaron a zonas periféricas como Limpio o Mariano Roque Alonso, según informaron.
En total, los vecinos señalaron que las familias recibieron ofertas de entre G. 90 y G. 100 millones para irse del barrio, junto con una casa “de regalo” pero supuestamente sin titulación y en algunos casos hasta con demandas familiares pendientes.
Las ofertas, de acuerdo a los vecinos, aumentan de acuerdo al “nivel de cultura” y al “rostro” de los habitantes. Una de ellas afirmó recibir una propuesta de hasta G. 500 millones por parte de los interesados.
La abogada Martínez recordó el caso de un anciano al que le pagaron G. 90 millones y le dieron una casa sin titulación. “Le jodieron. (...) Juegan con la gente”, comentó.
En tanto ocurren estas ofertas, resaltan que el proyecto inmobiliario es cada vez más visible, aludiendo a los muros que se levantan en medio de las casas ubicadas en el área de Teniente González y Luis Miranda.
Observan interés por parte de personas de clase alta
Los pobladores consultados observaron también que esta zona en particular de Mbocayaty está recibiendo una atención especial por parte de personas de alto poder adquisitivo.
Martínez recordó que en 2013 se inauguró la instalación de 1.800 metros de desagüe que fue pagado “por cada uno” de los vecinos.
“No podíamos tener acceso a fondos especiales porque la comisión vecinal anterior no hizo una rendición de cuenta en forma y era muy burocrático. Entonces, cada uno pusimos un poco y después le pedimos a medio mundo ayuda. (...) Cada uno aportó lo que pudo y así levantamos el barrio”, contó Martínez.
La zona además es valorada por ser muy tranquila, señalaron, y recordaron que en en área funciona un colegio privilegiado, situación que contrasta con el nivel de vida de los pobladores. En este sentido, señalaron que el presidente de la República, Santiago Peña, vive en el barrio y “se desplaza en avión”, en tanto los pobladores “ni colectivo” tienen.
“Nosotros queremos vivir en nuestro barrio Mbocayaty, trabajamos por años para tener desagüe cloacal, calles que se puedan transitar, hemos sido los vecinos los que hemos luchado, y en la mayoría de los casos lo hemos hecho de nuestro propio pecunio”, resaltan en la nota presentada a la Junta.