BOGOTÁ
La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, declaró este lunes que en el juicio al ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) se comprobó que se cometió el delito de soborno en actuación penal.
Tras 12 horas de audiencia, leyó el sentido del fallo y lo declaró culpable en dos de los tres delitos: Fraude procesal y soborno en actuación penal.
“El primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado”, dijo la jueza al evaluar los contactos del abogado Diego Cadena, que representó a Uribe, con el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, preso en una cárcel de Bogotá, para que éste no declarara sobre los supuestos vínculos del ex presidente con esos grupos armados ilegales.
Según la jueza, en el caso de Monsalve se puso en marcha una campaña para que “faltara la verdad ante la Corte Suprema de Justicia y desmintiera lo dicho” anteriormente sobre supuestos vínculos con los paramilitares de Uribe y su hermano Santiago.
“Pero adicionalmente debía argumentar que lo allí expresado era producto de la actividad malintencionada del senador Iván Cepeda Castro, quien había obtenido ese coloquio bajo promesas de beneficios carcelarios”, agregó Heredia.
La jueza no ha precisado, sin embargo, si el ex presidente es responsable de ese delito en calidad de determinador.
testigo. Monsalve, principal testigo del caso, hizo parte del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y es hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, que era de propiedad de la familia de Uribe.
En su comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, que fue la primera que abrió la investigación a Uribe como parte de una disputa con Cepeda, Monsalve testificó que el Bloque Metro se fundó en esa finca entre 1996 y 1997 con la participación de varias personas, entre ellas los hermanos Uribe Vélez.
Según su versión, en esa hacienda se planearon matanzas que luego cometieron los escuadrones paramilitares, acusaciones que Uribe y su defensa siempre han negado.
Este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
