Es sabido que alrededor de un cuarto de la población está enfrentando algún tipo de carencia, en cuanto al acceso a salud pública, educación, vivienda o seguridad social. El Instituto Nacional de Estadística (INE) revelaba recientemente un informe en el cual señala que la pobreza se sitúa en Paraguay en 24,7%. En pleno siglo XXI y con todos los recursos con que cuenta el país, un 25% de la población vive en condiciones que son inadmisibles.
Alrededor de 1.817.000 personas se encuentran en situación de pobreza, sus ingresos son inferiores al costo de una canasta básica de consumo. El informe precisa que unos 414.000 paraguayos subsisten en la pobreza extrema, de los cuales, 141.000 viven en zonas urbanas y 273.000, en áreas rurales.
Las personas en situación de pobreza en el área urbana perciben G. 825.373 mensuales o menos de G. 27.512 por día, mientras que los que subsisten en estado de pobreza extrema acceden apenas a G. 346.195 por mes, menos de G. 11.540 por día.
Un dato que resulta extremadamente preocupante es el que refiere que en algunos grupos poblacionales la incidencia de la pobreza es mayor, es el caso de los niños en las zonas de San Pedro, Caaguazú y Caazapá, donde la pobreza llega a casi el 40%. Por otra parte, deberían alarmar a las autoridades las condiciones extremas que afectan a la población indígena, un 60% de los niños y niñas viven la pobreza. Dicho de otra forma, pasan hambre.
Considerando que tenemos recursos abundantes, tierras fértiles, cursos de agua, energía limpia y las ventajas que nos da contar con una población sin crispaciones raciales ni conflictos por regionalismos, y que en los últimos veinte años se logró mantener la estabilidad macroeconómica, es inexcusable que la población más carenciada deba vivir en la miseria.
Es hora que el Gobierno que asumió hace casi dos meses muestre señales más claras de su proyecto país. Y es justo que la sociedad exija más firmeza, particularmente en cuanto a la definición de políticas públicas para luchar con mayor efectividad contra la pobreza; que garanticen acceso a la educación pública de calidad, la salud universal, empleo digno, servicios públicos eficientes, en suma, calidad de vida para toda la población.
Santiago Peña, durante la campaña hacia la presidencia, había prometido la creación de 500.000 puestos de trabajo. De momento no se han visto acciones que sugieran que esta promesa de campaña será cumplida, por lo tanto, se debe señalar a las nuevas autoridades que esto es esencial, considerando la acuciante situación económica de los hogares paraguayos. Es imperativo que el Gobierno implemente un plan de reactivación, utilizando los recursos disponibles, pues no debe perder de vista que el 80% de los empleos están generados por micro, pequeñas y medianas empresas, así como en la agricultura familiar.
Los paraguayos necesitan trabajar, y necesitan ingresos dignos, pero al mismo tiempo precisan un buen ambiente para desarrollar sus vidas, a nivel laboral, familiar y recreativo. Nada de esto es actualmente posible con la situación de inseguridad que vive el país.
Esto no será posible mientras el Paraguay siga siendo un paraíso para el narcotráfico y el crimen organizado; estamos entre los cuatro países que lideran el crimen organizado a nivel mundial de acuerdo con un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Por eso, los graves incidentes de Tacumbú son apenas una muestra. Si el Gobierno no erradica el problema de raíz nos condenará a la pobreza y el subdesarrollo, a vivir en un país sin estado de derecho.
