El buen funcionamiento del servicio civil es condición esencial para el bienestar ciudadano, el crecimiento económico a largo plazo y la gobernanza. Paraguay cuenta con una serie de normativas que si se implementan de manera responsable contribuirían a mejorar sustancialmente la gestión pública. Pero también es necesario garantizar el compromiso de los funcionarios públicos con la ciudadanía más allá del cumplimiento de la norma. Una ley y mecanismos para gestionar el servicio civil no son suficientes si nos remitimos a los recientes casos de gestión deshumanizada, poco empática, insensible, o como quiera llamarse, de servidores públicos.
Todo esto sin considerar los casos de corrupción evidentes, como funcionarios que no cumplen con sus funciones sin recibir pagos (de manera irregular), docentes acosadores en una comunidad educativa, personal de salud que no están en su lugar de trabajo cumpliendo sus horarios.
Estas conductas no se solucionan solo con la existencia de una carrera del servicio civil. Además de profesionalizar a los recursos humanos del sector público es urgente humanizar. Y si existen personas que no pueden ser profesionalizadas ni humanizadas deben existir mecanismos para la separación de sus cargos. Hemos llegado a situaciones insospechadas en términos del pésimo trato de los servidores públicos a la ciudadanía, que finalmente son quienes le están pagando sus salarios con sus impuestos.
El reciente informe del Ministerio de Economía y Finanzas señala el alto monto de impuestos destinados a salarios. A eso hay que agregarle los seguros médicos denominados “vip”, el aporte del Estado a la seguridad social de los trabajadores activos y el déficit de la Caja Fiscal, almuerzos y otros beneficios que no están incorporados en el cálculo anterior. Es decir, los salarios son solo uno de los rubros financiados por los contribuyentes.
El problema del sector público paraguayo no es el tamaño, tal como lo demuestran una multiplicidad de indicadores e informes nacionales e internacionales; el problema es la calidad por la ausencia de una carrera del servicio civil y de criterios que van más allá de la formalidad de contar con títulos o la antigüedad. La carrera del servicio civil debe incluir también la indispensable sensibilidad en el trato a las personas.
Una parte del problema se resuelve cumpliendo las normas vigentes. Pero como otras leyes, las que regulan el funcionamiento del servicio civil se cumplen solo parcialmente y se implementan con trampas, dando señales al interior del funcionariado público y a la ciudadanía que debilitan la confianza en la institucionalidad y eliminan cualquier posibilidad de contar con un aparato profesionalizado.
El mal funcionamiento de este pilar fundamental de la gestión de los recursos humanos se traduce en primer lugar en un servicio civil partidizado y con la sobrerepresentación de un color político, incluso en ámbitos que reivindican la existencia de una carrera profesional. En segundo lugar, en parte derivado de esto, pero también de otros factores, una gestión insensible a las necesidades y derechos de la ciudadanía.
La ciudadanía no solo no ve intenciones de mejoras; al contrario, se observa un fuerte deterioro moral de la gestión pública que crea un peligroso contexto de conflictividad y desconfianza que no contribuye a la legitimidad del Estado, menos aún del servicio civil. La construcción de un debate inteligente y constructivo sobre las reformas que requiere el país para salir de su bajo nivel de desarrollo exige confianza, legitimidad y cohesión social. Con una ciudadanía con sentimientos adversos hacia la gestión pública y hacia los funcionarios públicos será muy difícil avanzar en el debate y en los consensos necesarios.
