La Comisión Bicameral de Presupuesto estudió ayer los pedidos de ampliaciones presupuestarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), las siete universidades del interior, más la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay para el ejercicio fiscal del 2024.
La primera en exponer fue la rectora de la UNA, Zully Vera, quien expuso sobre ejes misionales de la institución, los resultados y trabajos realizados de las facultades y sus filiales.
Además, Vera señaló que la ley de gratuidad no se puede cumplir en su totalidad, debido a que el presupuesto destinado para este programa en el 2023 ya se encuentra desfinanciado en un 38%, equivalente a más de G. 47.800.699.120, con relación al presupuesto de ingresos en aranceles educativos que la UNA contaba en el año 2019.
La rectora solicitó una ampliación de G. 718.530 millones (USD 99 millones) sobre el presupuesto que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de G. 1,6 billones (USD 220 millones), con lo que se pretende ascender a un presupuesto de G. 2,3 billones (USD 320 millones).
De acuerdo con lo expuesto, esta ampliación se necesita para nivelación salarial de cargos administrativos y docentes; pago de beneficios al personal administrativo, según el contrato colectivo vigente en la UNA, que cuenta con 4.198 administrativos y tienen beneficios como pago por título de grado, antigüedad e insalubridad. También se solicitan montos para nivelar las dietas de los miembros de los miembros del Consejo Superior Universitario y para la creación de dietas para los miembros de la Asamblea Universitaria, entre otros.
Seguidamente, en representación de las universidades del interior del país, defendió el proyecto de presupuesto Clarito Rojas Marín, rector de la Universidad Nacional de Concepción, quien solicitó al pleno una ampliación de G. 582.000 millones (USD 80 millones) para las 7 universidades y la Universidad Taiwán-Paraguay.
El proyecto de presupuesto del MEF para las 7 universidades del interior, más la Universidad de Taiwán-Paraguay, totaliza G. 525.256 millones (USD 72 millones). De darse la ampliación, el gasto ascendería a G. 1,1 billón.
Los rectores de las distintas universidades señalaron también la necesidad de desprecarizar a docentes e investigadores y funcionarios administrativos, además de cubrir los gastos por crecimiento vegetativo e inversión en infraestructura.
