La preocupación crece en la comunidad ubicada en Yasy Cañy debido a la falta de respuestas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), pese a que el propietario de la finca ya manifestó formalmente su intención de vender el inmueble al Estado.
Según los dirigentes locales, el dueño del predio, Marcos Bela, presentó al Indert una carta oferta hace cinco años, expresando su voluntad de enajenar las tierras a favor de los agricultores.
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Sin embargo, hasta la fecha no existe avance alguno en el proceso, lo que mantiene a las familias en un estado de incertidumbre legal y social.
“Solo pedimos que el Gobierno haga su parte. Nosotros ya demostramos que trabajamos y vivimos acá hace más de una década”, lamentó Sergio Frutos, poblador del lugar.
En el asentamiento se desarrollan más de 400 hectáreas de producción agrícola, donde cultivan diversos rubros de auto-consumo y renta, actividad que constituye el sustento principal de la mayoría de las familias.
Condiciones de precariedad en la zona
A pesar del esfuerzo comunitario, las condiciones básicas siguen siendo precarias. Los pobladores señalan que no cuentan con agua potable, por lo que deben recurrir a pozos improvisados o trasladarse largas distancias para conseguir el vital líquido.
A esto se suma una red de energía eléctrica sumamente precaria, que genera constantes cortes y representa un riesgo para la seguridad de los habitantes.
La comunidad también dispone de una escuela que funciona desde el primer grado hasta el noveno, donde trabajan cuatro docentes, aunque solo dos cuentan con rubros asignados por el Ministerio de Educación.
Esta situación dificulta la continuidad pedagógica y afecta directamente a los cerca de 80 alumnos que asisten diariamente a la escuela.
“Los niños merecen condiciones dignas. No puede ser que después de tantos años la escuela siga funcionando casi sin apoyo del Estado”, expresó el profesor Roberto Almada.
Clamor a las autoridades
Los pobladores coinciden en que la zona requiere una intervención urgente de las autoridades, no solo en materia de regularización de tierras, sino también en el fortalecimiento de los servicios básicos y la infraestructura comunitaria.
Reclaman que el Gobierno atienda su pedido, considerando que se trata de familias que trabajan la tierra y que ya consolidaron un espacio donde viven, producen y forman a sus hijos.
El asentamiento es conocido como Tres Fronteras debido a su ubicación estratégica en Yasy Cañy, ya que limita con los departamentos de San Pedro y Caaguazú, además de Canindeyú.
Su condición geográfica, remarcan los pobladores, no debería ser un obstáculo para que el Estado responda a sus necesidades básicas y garantice su estabilidad territorial.
“Solo queremos vivir tranquilos, saber que estas tierras serán nuestras y que nuestros hijos puedan crecer con mejores oportunidades”, expresaron los voceros de la comunidad, quienes esperan que las autoridades nacionales finalmente den curso al pedido que lleva años sin resolución.
