La situación de vulnerabilidad en temas de salud, tratables y prevenibles, que enfrentan miles de ciudadanos y que afecta, sobre todo, a las personas adultas mayores y a los niños, es una llamada impostergable a recuperar nuestra sensibilidad y a poner nuestro empeño, en especial, por parte de nuestras autoridades, para resucitar el sentido profundo del bien común, que debe guiar nuestras relaciones. Es urgente poner en el centro de las políticas públicas la promoción de la dignidad de las personas, en particular de las más vulnerables.
Tomamos como punto de reflexión la llamada de atención del monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, quien el domingo 22 de marzo cuestionó el aumento de muertes evitables, la violencia y el abandono social durante su homilía del quinto domingo de Cuaresma, abogando por un cambio que deje de normalizar las muertes por causas prevenibles.
Es inaplazable enfrentar la situación de la salud pública con realismo y empatía. Para ello, es necesario priorizar la atención verdaderamente integral, que tenga en cuenta todas las dimensiones personales en juego, apuntando a alcanzar ese estado de bienestar físico, mental, social y espiritual que llamamos salud.
No es posible reducir a un enfoque meramente materialista este tratamiento, ya que no se trata solo de aumentar presupuestos, aunque esto también es importante, sino de apoyar a las personas que se interesan genuinamente y actúan con transparencia en este ámbito. Tampoco podemos aceptar la vía mercantilista que algunos proponen como alternativa, ya que detrás de esta postura se esconden con facilidad contravalores, como el individualismo y la falta de solidaridad, así como la ambición desmedida y la obsesión por las ganancias, los cuales atentan contra los principios fundantes de nuestra nación.
El Estado cumple un rol subsidiario que no puede sobrepasar la libertad personal, pero tampoco debe ser indiferente a los problemas acuciantes de la sociedad, que es anterior y más esencial que dicha organización burocrática. Entonces, el camino más sostenible y prudente es el de una intervención realista que priorice la prevención y active mecanismos que involucren de forma protagónica a los beneficiarios de las políticas públicas.
La ciudadanía está cansada de plantillas político-financieras importadas bajo presión desde fuera, de discursos biensonantes pero inoperantes y de pescadores de río revuelto que tratan de sacar rédito corporativo, ideológico o partidario a todo. Los problemas de salud afectan a lo esencial, al derecho a la vida, el cual está garantizado desde la concepción en el artículo 4 de nuestra Constitución Nacional y debe ser protegido, promovido y defendido hasta la muerte natural de cada ciudadano.
La promoción de la vida digna implica atención pronta, barata y eficiente en los centros de cuidado a la salud, pero también considerar la situación del personal de blanco que se relaciona directamente con los enfermos y sus familias.
El Estado debe apoyar y sostener las obras sociales que surgen por iniciativa comunitaria para la atención a la salud, especialmente de familias con economía precaria, mujeres embarazadas, viudas, personas con enfermedades que tienen tratamiento sostenido y costoso, enfermos terminales, ancianos en situación de abandono, niños por nacer, adolescentes y jóvenes con adicciones, y niños en estadios de crecimiento que carecen de lo necesario para su normal desarrollo. También debe revisar convenios y políticas actuales que malgastan dinero público sin resultados verdaderamente favorables a nuestro país, resguardando nuestra soberanía ante intentos de colonizaciones ideológicas.
Para ello, el Presupuesto General de la Nación debe contemplar la reducción de gastos superfluos y el combate a esquemas de corrupción que involucren a empresas que trabajan con el Estado, como las farmacéuticas, que deben ofrecer y sostener productos y servicios de calidad y con precio justo; el Estado debe desligarse también de funcionarios corrompidos que lucran con la desgracia de sus conciudadanos.
El origen y la meta de las políticas de salud coinciden y es lo que se necesita resucitar: la dignidad inalienable de las personas.
