Finalmente, el caso del ex senador colorado Hernán Rivas, con una condena de ocho años por su título falso de abogado, resultó ser solamente la punta del iceberg de una situación muy grave. Con el informe dado a conocer ayer por el contralor general de la República quedan expuestos más de mil casos de funcionarios públicos con títulos académicos sin respaldo documental.
El contundente anuncio de Camilo Benítez, contralor general de la República, sobre la existencia de títulos apócrifos en 35 organismos del Estado, no es solamente la continuación de la saga iniciada con el caso del ex senador Hernán Rivas, hoy condenado a ocho años por su título falso de abogado. Es probablemente el mayor escándalo para la educación paraguaya.
La Contraloría ha identificado un total de 1.090 títulos, declarados por 1.082 funcionarios pertenecientes a 35 instituciones del Estado, títulos que no cuentan con respaldo en los registros de las universidades consultadas.
Este es nada más que un primer avance de la fiscalización que se hizo recogiendo información de organismos públicos y universidades, y al decir del contralor: “Nos encontramos con una realidad mucho más perversa de la que nosotros habíamos presumido en el peor de los escenarios”.
La Contraloría ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por la presunción de hechos punibles relacionados con los casos detectados. “Si la propia universidad dice: ‘Este funcionario público no estudió aquí’, ¿qué opción tenemos nosotros más que creer la posición de la universidad?”, dijo el contralor.
Una información que todavía no se aclara es la estimación del eventual perjuicio económico al Estado por estos títulos. El contralor apuntó que será necesario determinar si los funcionarios percibieron bonificaciones, gratificaciones salariales u otros beneficios asociados a sus credenciales académicas, además de comprobar las responsabilidades correspondientes. Y anunció que cuatro funcionarios de la misma Contraloría se encuentran sometidos a sumarios administrativos en el marco de la revisión.
Entre las 35 entidades que están siendo examinadas se encuentran el Ministerio de Educación y Ciencias, y la propia Contraloría, además de otras dependencias.
Sin muchas dudas al respecto, una de las entidades señaladas como responsables es el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), que es el organismo encargado de regular y supervisar la educación superior; para el contralor, esta institución no está cumpliendo adecuadamente con su misión, y cuestionó la ausencia de medidas de control sobre las carreras y ofertas académicas que no cumplen los requisitos correspondientes.
Se debe subrayar en primer lugar que nada menos que uno de los poderes del Estado, el Legislativo, hizo posible que uno de sus miembros, Hernán Rivas –primero como diputado y luego como senador– integrara la institución que evalúa y juzga a los jueces, estando él en posesión de un título falso de abogado, y, aunque ya haya sido juzgado y condenado, sus correligionarios –aquellos que lo promovieron y apoyaron durante seis años– permanecen impunes.
En segundo lugar, el escándalo avergüenza a la educación paraguaya. ¿Cómo ha sido posible que títulos sin respaldo documental hayan tenido el respaldo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)?
Recordemos que ya en el mes de junio, la senadora Esperanza Martínez, miembro de la Comisión de investigación sobre títulos falsos, sostenía que el del ex senador Hernán Rivas no se trata de un caso aislado, sino de “un sistema creado” que operaba desde hace años: “Son títulos totalmente legales dados por el sistema educativo paraguayo. Tienen todas las connotaciones legales. Sin embargo, poseen contenido falso, porque los beneficiarios no hicieron los rigores académicos que se necesitan”.
Los hechos desvelados por la Contraloría representan un gran golpe a la institucionalidad del país, a la búsqueda de la transparencia y el anhelo de convertirnos en un país con desarrollo y bienestar para la población.
Esos títulos apócrifos, de personas que ostentan una habilitación profesional que carecen, constituyen un grave peligro. Estos hechos deberían significar una alerta para nuestro sistema educativo, por lo que suponen estos títulos falsos.
Esperamos que la Fiscalía actúe de manera rápida, ya que los hechos expuestos por el contralor son de una gravedad que la sociedad paraguaya todavía no ha comenzado a dimensionar.
