Mientras los discursos oficiales ensalzan la responsabilidad macroeconómica, el control inflacionario y la atracción de capitales, los cimientos de la gobernanza económica sufren una erosión silenciosa pero constante. El origen de este deterioro proviene de una vulnerabilidad institucional que destruye la imparcialidad del aparato estatal al no contar con regulaciones sobre la llamada “puerta giratoria”. Este fenómeno describe el movimiento bidireccional constante de altos cargos, legisladores y funcionarios entre puestos de la administración pública y empresas privadas.
La persistente negativa de políticos y la pasividad de la élite económica para legislar sobre el grave problema de la denominada “puerta giratoria” no es casual. Responde a una estrategia de captura de rentas donde los intereses particulares de grupos económicos se imponen sobre el bien común y los objetivos de desarrollo de toda la nación.
Las consecuencias de esta distorsión son tangibles en sectores estratégicos para la economía paraguaya.
Cuando los organismos de supervisión e implementación de políticas son liderados por figuras provenientes de bancos, financieras o empresas proveedoras del Estado o con intereses en las políticas públicas, su rol regulador e implementador se diluye de manera peligrosa.
Durante el ejercicio del cargo público, estos funcionarios manejan información estratégica y privilegiada, desde planes de inversión pública a largo plazo e informes técnicos confidenciales hasta modificaciones regulatorias o de supervisión que no están al alcance del resto de los agentes económicos. Cuando la gestión concluye y estas autoridades retornan al sector privado –a menudo a las mismas firmas que antes debían fiscalizar, regular o contratar– esa información privilegiada se transforma en un activo corporativo.
Esta ventaja distorsiona de manera directa los principios fundamentales de la libre competencia y la eficiencia del mercado. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como los competidores internacionales que carecen de “padrinos” en el gabinete quedan marginados.
La competencia ya no se decide por la calidad del servicio, la capacidad técnica o la innovación, sino por la proximidad y las alianzas políticas con el gobierno de turno. El mercado deja de ser un espacio transparente para convertirse en un terreno de juego inclinado en favor de los oligopolios o grupos de interés.
Más allá del ámbito empresarial, el costo social y macroeconómico de la puerta giratoria es incalculable.
Es cuando la formulación de las políticas públicas pierde sus objetivos basados en el bien común.
La asignación del gasto y las regulaciones dejan de responder a criterios técnicos de equidad social o impacto en la productividad global para amoldarse a los balances corporativos de sectores particulares. Así, la inversión en salud, educación o saneamiento básico se posterga frente a proyectos con menor retorno social y mayor beneficio en los sectores y empresas afectadas.
El argumento sobre la presunta necesidad de importar capacidad de gestión técnica desde el sector privado es una falacia. La eficiencia de la gestión pública no reside en replicar la lógica de rentabilidad de una empresa, sino en defender el interés general mediante la neutralidad, la transparencia y la solidez técnica.
Una burocracia estatal débil, permeada por conflictos de interés, es incapaz de generar la confianza que exigen los mercados globales maduros y las agencias internacionales de calificación de riesgo.
Paraguay no alcanzará una gobernanza económica moderna ni consolidará un crecimiento inclusivo mientras siga permitiendo que las normas del Estado sean interferidas por el interés particular.
La promulgación de una ley de prevención de conflictos de interés y contra la puerta giratoria no debería ser una opción. Es una condición imprescindible para la calidad de la gobernanza económica e institucional del aparato estatal.
Sin reglas claras que frenen la captura del Estado, el bien común continuará subordinado al beneficio de unos pocos, y el desarrollo paraguayo seguirá siendo una promesa permanentemente postergada.
