Heleno, quien fue ministro de Seguridad de la Presidencia durante la gestión del líder de la ultraderecha (2019-2022), fue convocado por la comisión que investiga esos hechos, sobre los cuales alegó que no recibió “ninguna información previa”, hasta porque “ya había dejado el Gobierno” el 31 de diciembre del año pasado.
Admitió, sin embargo, que había informes de inteligencia que ya alertaban sobre posibles actos violentos el 1 de enero, durante la investidura de Lula, quien había derrotado a Bolsonaro en las elecciones de octubre.
Aun así, dijo que esos informes solo hablaban de “posibilidades” que luego no se confirmaron, porque “la investidura fue perfecta”, afirmó.
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El general se escudó en que la invasión de los tres poderes de la nación ocurrió el 8 de enero, cuando él ya no ejercía como ministro y no tenía “ninguna responsabilidad” sobre la seguridad de la sede de la Presidencia, uno de los edificios públicos invadidos por miles de activistas de la ultraderecha bolsonarista.
También sostuvo que, en su opinión, esa asonada no puede ser considerada un intento de golpe, como la califica la Corte Suprema, que ya ha imputado por ese y otros cargos a 1.390 activistas de ultraderecha.
Asimismo, tildó de “fantasía” una supuesta conspiración militar que habría citado el teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro, en un acuerdo de cooperación judicial aún no divulgado oficialmente.
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“Para caracterizar un intento de golpe en un país de 8 millones de kilómetros cuadrados, con más de 200 millones de habitantes, es preciso una estructura muy bien montada” y “no había nada de eso”, “ni un jefe ni una tropa” dispuesta a respaldarlo, declaró.
Heleno minimizó la importancia de mensajes obtenidos por la Policía en teléfonos de oficiales y suboficiales muy próximos a Bolsonaro que sugerían una “intervención militar” tras la victoria electoral de Lula.
“Eso no significaba nada” y “no iba a llevar a un montón de generales a un golpe”, aseguró Heleno, quien agregó que “así no funciona la jerarquía de las Fuerzas Armadas”.
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También reafirmó su convicción de que el campamento que se instaló frente al Cuartel General del Ejército para exigir un golpe tras la victoria electoral de Lula, era “ordenado y pacífico”, pese a que desde allí partieron los vándalos del 8 de enero.
Esa idea es defendida por el bolsonarismo, el cual afirma que el Gobierno de Lula fue “omiso” frente a la invasión, con el supuesto objetivo de generar una “ola de solidaridad” en su favor.
El oficialismo, por su parte, intenta probar en la comisión que la asonada fue alentada por Bolsonaro y algunos ministros, entre ellos Heleno, que se negaron a reconocer la victoria de Lula en las urnas.
Fuente: EFE.
