Aécio Lúcio Costa Pereira, el primero de los 1.390 activistas de ultraderecha acusados por ese atentado contra la democracia juzgado por el Supremo, fue declarado culpable, igual que los otros dos, de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños agravados y destrucción de patrimonio público.
Si bien la culpabilidad fue reconocida en forma unánime, hubo fuertes divergencias entre los once miembros del Supremo con relación a las penas que debían aplicarse y a los delitos imputados.
Se impuso, sin embargo, la propuesta del juez relator, Alexandre de Moraes, quien sugirió para Costa Pereira 17 años de prisión por lo que calificó de “ataque golpista” con “odio irracional”, con el “claro objetivo” de incitar a “las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno legítimo” de Luiz Inácio Lula da Silva.
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Los hechos ocurrieron ocho días después de la investidura de Lula, quien en las elecciones de octubre se impuso al expresidente Jair Bolsonaro, que no reconoció ese resultado, al igual que la extrema derecha que le apoya y que promovió el asalto de enero.
Según la presidenta del Supremo, Rosa Weber, el 8 de enero fue “un domingo de infamia”, cuando “la democracia fue atacada por una turba irracional que, con un total desprecio por la cosa pública, invadió con furia el corazón de la República”.
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Tras ese primer y simbólico caso, fueron juzgados Matheus Lima de Carvalho y Thiago de Assis Mathar, condenados respectivamente, y con discrepancias similares, a 17 y 14 años, en el segundo caso atenuado porque, a diferencia de los otros, no alentó el golpe en sus redes sociales.
De los 1.390 imputados, la corte aún deberá juzgar a 1.387, cuyos grados de participación serán establecidos individualmente, pues el derecho brasileño no contempla las “responsabilidades colectivas”
Pero los juicios pudieran ser más. La investigación continúa y apunta ahora a quienes financiaron el movimiento y a los probables autores intelectuales, un último caso en el que existen sospechas sobre el propio Bolsonaro.
¿Intento de golpe o manifestación violenta?
La acusación de “golpe de Estado” presentada por la Fiscalía motivó un fuerte debate que tuvo de un lado a los magistrados André Mendonça y Kassio Nunes Marques, que llegaron al Supremo de la mano de Bolsonaro, y del otro al resto de los nueve miembros de la corte.
Mendonça y Nunes Marques desestimaron esa acusación, argumentando que el golpe no fue consumado y que los vándalos del 8 de enero “no tenían fuerza” para derrocar al Gobierno.
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Mendonça fue más allá y defendió tesis bolsonaristas, para afirmar que hubo fallos “inexplicables” en la seguridad por parte del Gobierno que “facilitaron” la acción de los vándalos y considerar que lo sucedido el 8 de enero debía ser juzgado en tribunales de primera instancia y no en la máxima corte.
De Moraes rebatió esa posición con un poco habitual énfasis en los debates del Supremo y calificó de “absurdos” los planteamientos de Mendonça y Nunes Marques.
También reaccionó el decano del tribunal, Gilmar Mendes, quien pidió a los jueces más conservadores que “no ignoren el contexto en que ocurrieron los hechos”, precedidos por protestas a las puertas de los cuarteles que exigían impedir la investidura de Lula el 1 de enero, ocho días antes de los sucesos.
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“Nunca se vieron esas manifestaciones en democracia”, afirmó Mendes, quien incluso citó como “antecedente”, una reunión del gabinete convocada por Bolsonaro en marzo de 2021 en la que uno de sus ministros pidió “encarcelar” a todos los miembros del Supremo.
Según Mendes, “fue lo mismo que ocurrió en Estados Unidos” el 6 de enero de 2022, cuando activistas de ultraderecha asaltaron el Capitolio en protesta por la victoria electoral de Joe Biden frente a Donald Trump.
Para analistas políticos y jurídicos, ese debate fue un reflejo de la alta polarización política en que ha sumergido al país el surgimiento de la extrema derecha bolsonarista, a la que la Corte Suprema tampoco es ajena.
Fuente: EFE.
