Dos funcionarios con cargos de directores en la Cámara de Diputados se encuentran involucrados en un pleito que se deberá resolver a instancias del Poder Judicial. Ambos son denunciados por un grupo de familias de la compañía Potrero Pucú, de la ciudad de Valenzuela, del Departamento de Cordillera.
Supuestamente intentan desalojarlos de sus legítimas propiedades.
Acusan a la directora de la Comisión Asesora de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Blanca Victoria Ojeda Núñez, y a su esposo, el director de Servicios Generales de la misma instancia parlamentaria, Arsenio Rubén Villaverde.
La disputa se centra en aproximadamente 95 hectáreas en el distrito de Valenzuela.
Dos títulos
Los denunciantes aseguraron que poseen documentos originales que datan del año 1937. El temor de ellos es que “el poder político de la directora y del director juegue en contra de sus derechos”, indicó a Última Hora el abogado Ignacio Pane.
Sus defendidos son Isabel Pastore, Ana Pastore, Lorenzo Segovia, Elvio Segovia Pastore y Derlis Segovia Pastore.
Es un grupo de familias domiciliadas en la propiedad desde 1974, alegaron. La compra fue hecha por Juan Pastore, en su momento, de Justiniano Ojeda, de acuerdo con el representante legal de los afectados.
Los pobladores de Valenzuela acusan a la familia de los dos funcionarios de Diputados de maniobrar mediante un “título trucho” y de intentar hacer figurar como suyas las tierras de los verdaderos dueños.
Según los propietarios, la directora de la Comisión Asesora de Derechos Humanos utilizaría un título falso de 1984.
Al respecto, su esposo, Arsenio Rubén Villaverde, precisó en diálogo con nuestro medio que los denunciantes no poseen los títulos de propiedad que menciona el abogado. Indicó que actualmente hay tres familias viviendo en la propiedad, con quienes intentó llegar a un acuerdo, colocando una granja para darles sustento, porque se trata de familias humildes.
Alegan conflicto por el oro
El director de Servicios Generales mencionó que se realizó un juicio de usucapión y luego, en 2023, procedió a la compra del inmueble.
Agregó que el título de propiedad tiene más de 44 años. “No tenemos espíritu de violencia, solamente el espíritu de conservar el inmueble y dar trabajo a la gente”, precisó.
“Quise llegar incluso a un acuerdo de usufructo vitalicio, pero luego empezaron las denuncias”, lamentó y, según él, por ello impulsaron el juicio de reivindicación.
“Recibimos amenazas de los residentes, hasta inclusive tenemos grabaciones que acercamos al Juzgado”, acotó.
Sostuvo que en una parte de la propiedad, aparentemente, existe oro y que por ello los pobladores quieren despojarlos de la propiedad de 95 hectáreas. “Por mi parte, no tengo interés en realizar la búsqueda del oro. La gente dice que hay”, indicó el funcionario de la Cámara de Diputados.
