24 abr. 2024

Un Estado a pasos de carreta y que no protege

El conmocionante caso ocurrido en Lambaré, de la joven de 20 años asesinada por su ex pareja, apenas un año mayor que ella, coloca de nuevo sobre la mesa todo lo que está mal en el Estado paraguayo. Empecemos por la cansina burocracia, el transcurrir a pasos de carreta de las instituciones que deben intervenir en determinados ámbitos y ante situaciones repetidas y urgentes como los feminicidios.

Esa actitud de patear para adelante la pelota y ganar tiempo para seguir manteniendo todo tal como está. Ejemplo: En 2020 el Ejecutivo promulgó la Ley N° 6568 que modificó un artículo de la Ley N° 1600/2000 “Contra la Violencia Doméstica” para introducir el uso de dispositivos electrónicos (tobilleras o pulseras) en aquellos que incurran en tal hecho punible y se les imponga exclusión de hogar o prohibición de acercarse a la víctima. El proyecto de ley para realizar este cambio data de 2017. Se sancionó en 2019 y promulgó un año después.

Transcurrieron 3 años desde que cobró vigor esa ley y debieron ocurrir numerosos feminicidios en este lapso, entre los más recientes, el de Katia Brítez, quien murió a consecuencias de las lesiones que le ocasionó el ex novio embistiéndola varias veces con un automóvil del que se apropió para matar a la joven. Un epílogo de varios episodios violentos previos sobre los que la familia de la víctima y ella misma denunciaron ante la comisaría y ante la Fiscalía. El muchacho que se convirtió en su asesino estaba bajo el régimen de arresto domiciliario, que incumplía.

Una medida cientos de veces comprobada como ineficiente, porque ni las comisarías se preocupan de que se cumpla estrictamente. De hecho, el control que realizan, si es que lo realizan, es apenas aleatorio y en algunos casos el afectado solo tiene que “aceitar” a la patrullera.

La Fiscalía, una vez más, demostró que no está a la altura de los hechos. Ante una denuncia anterior de la joven, atacada a golpes por el mismo chico que finalmente el domingo último consiguió su objetivo de asesinarla, el fiscal que tuvo a su cargo ese caso, pidió el sobreseimiento provisional de Osvaldo Zaracho (hoy feminicida) “por falta de diligencias”. En términos fáciles: no realizaron esfuerzo alguno para proteger a quien estaba siendo acosada, atemorizada y restringida en su libertad por un criminal en potencia.

A tres años de aprobarse aquella ley que introduce el uso de tobilleras, ahora que acaba de asumir el nuevo Gobierno, que es del mismo partido político que el anterior, dicen que en los próximos 3 meses se podría poner en ejecución la aplicación de este dispositivo electrónico de control. Ello permitirá monitorear al denunciado por violencia y tener el conocimiento de la ubicación exacta del mismo. Esto permitirá realizar un seguimiento y control normal del cumplimiento de las medidas de protección, en casos de alto riesgo, según la ley. Asuntos como presupuesto, institución de aplicación de la medida y otros detalles son los que ahora están analizando. La pregunta es: ¿Por qué el gobierno anterior simplemente se desentendió del asunto?

Esa sensación de que numerosas vidas pudieron haberse salvado si cada institución realizara con sentido de responsabilidad su misión es muy fuerte. Y lo es aún más cuando el número de niños y niñas huérfanos/as crece con cada tragedia evitable y en la que la víctima es una mujer. Solo algunas comisarías están preparadas para atender casos de violencia intrafamiliar y ni hablemos de las fiscalías.

Tampoco se toma en serio la necesidad de trabajar desde la educación sobre contenidos de violencia de género. Se necesita explicar a los niños/as, adolescentes y jóvenes en las escuelas y colegios y a los padres en sus puestos laborales, en las parroquias y en los hospitales sobre las conductas machistas perniciosas que se reafirman y normalizan constantemente con el lenguaje, las costumbres, los comentarios, los esquemas organizacionales, los partidos políticos. Si no, seguiremos actuando reactivamente ante cada vez más trágicos casos y cada vez más jóvenes víctimas y victimarios.

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