El Tribunal de Sentencia conformado por Milciades Ovelar como presidente y Flavia Lorena Recalde y Alba Meza como miembros condenó al docente en un juicio oral que concluyó este miércoles, en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscala Liliana Denice Duarte.
El hombre soportaba el proceso en libertad, pero ante la elevada condena sobreviene el peligro de fuga, por lo que el Tribunal de Sentencia dispuso la prisión preventiva, que la deberá cumplir inmediatamente en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, previo cumplimiento con el protocolo sanitario.
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Durante el juicio oral y público quedó plenamente demostrado que el docente abusó durante cuatro años aproximadamente de un alumno, cuando este tenía entre 10 y 14 años, según informó la Fiscalía.
Los hechos ocurrieron en una escuela situada en el distrito de Los Cedrales, Departamento de Alto Paraná, informó el periodista de Última Hora Édgar Medina.
Según los datos, el niño cursaba el tercer grado y presentaba dificultad para leer. A raíz de esta situación, el profesor se ofreció ayudarlo y le pedía que se quedara en clase durante el recreo. Sin embargo, el hombre aprovechaba ese tiempo para manosearlo en sus partes íntimas y a la vez le obligaba a tocarle también a él.
Los abusos se repitieron en varias oportunidades. En las dos últimas veces, el maestro persiguió al niño hasta el baño, donde le bajó el pantalón y le penetró a la fuerza, según el relato posterior de la víctima.
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El afectado soportaba las agresiones sexuales porque el profesor amenazaba con matar a toda su familia en caso de delatarlo.
El 6 de mayo de 2019, cuando la víctima ya tenía 17 años, comenzó a sentir molestias en sus partes íntimas, por lo que fue a consultar al Centro de Salud de la zona, y allí comentó a la médica de guardia los abusos sufridos anteriormente. La profesional le recomendó realizar la denuncia.
El nombre del niño y del ahora condenado se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima o supuesto autor de hechos punibles.
