Tras recuperar su libertad este viernes, el legislador colorado Ulises Quintana expresó a los medios de prensa que se violaron las garantías del debido proceso en su causa y que la fiscala Lorena Ledesma sostenía su prisión bajo una ley que ya está derogada.
“La ley actual dice que en asociación criminal, en todas sus formas, es de seis meses a cinco años de pena, es decir, a los seis meses tenía que salir automáticamente y me tuvieron 21 meses en prisión. Es un terrorismo fiscal judicial”, denunció.
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“A mí me metieron en prisión por una consulta jurídica, una llamada telefónica en la que yo le pregunto a Cucho si su dinero es limpio y sacan de contexto un audio y me hacen cinco imputaciones y solo me acusan por dos que no son tan graves”, remarcó.
Quintana señaló que la Constitución Nacional establece que ningún legislador puede ir a prisión sin que lo encuentre en flagrancia o sentenciado. “Me metieron a la cárcel dos años sin tener ni una prueba”, acusó.
Asimismo, manifestó que existen intereses políticos detrás y temor de los magistrados a algunos medios de prensa y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ya que no quieren sacar ninguna resolución para no ser enjuiciados de oficio.
El político no quiso apuntar a ninguna persona en particular o grupo político, pero aseguró que hay manos oscuras que utilizan el Poder Judicial para hacer su voluntad.
De igual manera, sostuvo que sufrió la injusticia en carne propia y que muchas personas que cometieron hechos graves de corrupción en plena pandemia del coronavirus, atentando contra las personas, no pisaron la cárcel. “Mi padre falleció de un infarto por la situación que yo estaba pasando”, aseveró.
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El parlamentario afirmó que en el caso Berilo no existen pruebas y se le debe dar el sobreseimiento a los coprocesados. “No existen pruebas en el caso por negligencia de Lorena Ledesma, no presentaron las pruebas en tiempo y forma, cuando los plazos son perentorios”, atribuyó.
Entre otras cosas, habló sobre el distanciamiento del presidente de la República y líder del movimiento al cual pertenece, Mario Abdo Benítez, aunque solo alcanzó a decir que nunca pidió ayuda, sino justicia y que se cumplan las garantías, lo que para él no se dio y sostuvo que el Poder Ejecutivo debe ser un órgano de equilibrio de todo el aparato.
Un Tribunal de Apelación penal, integrado por Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander, votó por revocar la prisión preventiva del legislador colorado Ulises Quintana y darle libertad ambulatoria. Solo el camarista Gustavo Ocampos votó en disidencia.
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La jueza Hilda Benítez Vallejos otorgó las medidas alternativas al político, quien tiene libertad ambulatoria, con domicilio fijado en la casa de un familiar, en el barrio Villa Morra de Asunción. En su reemplazo, había asumido en la Cámara de Diputados Rocío Abed.
El colorado ya había recuperado su libertad en julio del año 2019, tras 10 meses, por decisión de la jueza Magdalena Narváez, pero en el mes de noviembre de 2019 la jueza Alicia Pedrozo revocó la decisión y ordenó nuevamente su prisión preventiva.
En el marco del Operativo Berilo, Quintana fue imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
