El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia de Silvia Antonella Ovelar Ayala, hija del senador colorado Silvio Beto Ovelar, quien se desempeñaba como asistente jurisdiccional en el Poder Judicial desde febrero de este año.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.º 1545, de fecha 26 de octubre de 2026, firmada por los ministros del máximo tribunal, entre ellos su presidente, Alberto Joaquín Martínez Simón.
De acuerdo con el documento, la funcionaria presentó una nota solicitando su desvinculación del cargo de Asistente Jurisdiccional (II) del Área Estrategia y Apoyo Institucional de Apoyo a la Gestión Jurisdiccional.
La resolución establece que la renuncia será efectiva a partir del 1 de noviembre de 2026, por motivos particulares. El documento no hace referencia a los cuestionamientos que surgieron en los últimos días sobre el cumplimiento de su horario laboral.
Ovelar Ayala, de 22 años, había ingresado al Poder Judicial mediante un nombramiento interino, el 1 de febrero de 2026, con una remuneración mensual de G. 3.266.690.
Lea más: Ovelar alardea que su hijo tiene “más chances” de acceder a cargos por ser de “colegio top”
Su salida se produce días después de que trascendiera en varios medios de comunicación un informe de la Dirección General de Capital Humano de la Corte Suprema de Justicia, cuyos registros revelaron numerosas ausencias, llegadas tardías y permisos durante los meses en que ocupó el cargo.
Según las publicaciones realizadas a partir de dicho informe, la hija del legislador colorado no se presentó a trabajar durante la primera quincena de febrero y solamente registró cuatro días de asistencia durante ese mes. También se reportó una presencia limitada en agosto y septiembre.
Los registros consignaban algunas ausencias como “días no trabajados (aprobado)”, mientras que otras figuraban bajo permisos o como inasistencias injustificadas.
El informe también señalaba que las faltas registradas hasta agosto fueron remitidas a las dependencias correspondientes para evaluar eventuales descuentos salariales o la apertura de sumarios administrativos.
Pese a los registros de ausencias, las publicaciones señalaban que la funcionaria no contaba con sanciones formales hasta ese momento.
