La nota de rechazo fue enviada por el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, al presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, el senador Derlis Maidana.
“En primer lugar, consideramos que la propuesta no se ajusta a la realidad económica y productiva del Paraguay. Nuestro país enfrenta aún importantes desafíos en materia de productividad laboral, que se ubica por debajo de los niveles observados en otros países de la región, de acuerdo a los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)”, señala el comunicado.
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Asimismo, indica que en este contexto, la adopción de medidas que no contemplan estas brechas estructurales, podría afectar negativamente la competitividad de las empresas, la generación de empleo formal y la sostenibilidad de las actividades productivas.
“Resulta preocupante que esta iniciativa haya sido impulsada sin un proceso previo de diálogo y consenso entre los actores involucrados. La construcción de políticas laborales debe necesariamente enmarcarse en los espacios de diálogo tripartito, donde convergen el sector público, los trabajadores y los empleadores. La ausencia de este proceso debilita la legitimidad de la propuesta y desconoce los mecanismos institucionales establecidos para abordar este tipo de temas”, asegura.
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Entre tanto, sostiene que las medidas que se pretenden establecer mediante este proyecto ya son implementadas en la práctica por diversas empresas de manera voluntaria, conforme a sus propias realidades operativas y capacidades organizativas.
“En ese sentido, avanzar en su regulación obligatoria no solo limita la flexibilidad empresarial, sino que además representa un uso ineficiente del tiempo legislativo y de los recursos institucionales”, resalta.
“Desde la UIP consideramos que el foco de la agenda debe centrarse en factores estructurales que permitan mejorar la productividad y competitividad del país, tales como la capacitación del capital humano, la inversión en tecnología, la mejora de la infraestructura, la planificación territorial y el cumplimiento efectivo de la normativa vigente”, menciona.
Finalmente, reitera su posición de rechazo al proyecto de ley en cuestión y solicita que cualquier iniciativa en materia laboral sea abordada en el marco del diálogo tripartito, asegurando un análisis técnico integral que contemple la realidad del país y las necesidades de desarrollo del sector productivo.
