Este lunes, el Tribunal de Sentencia reanudó el juicio oral para Hilario Adorno, ex intendente de Puerto Casado. Él mismo fue acusado por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio.
Tras la jornada, el Tribunal integrado por Adriana Planás, Elsa García y Matías Garcete rechazó los incidentes de nulidad planteados por la defensa del intendente Adorno Mazacote. Sin embargo, sí admitió los elementos probatorios que serán incorporados.
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El Tribunal también rechazó el pedido de sobreseimiento definitivo que planteó la defensa del ex intendente. El juicio por supuesta lesión de confianza y administración en provecho seguirá este lunes.
El proceso continúa con la declaración de los testigos, todos concejales municipales. Esto podría terminar el mismo lunes o el martes. Al término se deberá la sentencia de condena.
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Varias acusaciones contra ex intendente
Adorno fue el intendente electo del distrito de Puerto Casado (Alto Paraná) en agosto del 2023 y destituido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en abril del 2025.
Sobre el mismo pesan varias acusaciones. Una de ellas guarda relación con la adquisición de una camioneta de la Marca Mitsubishi Modelo L 200 Triton Sport, año 2022 0 km., de la Firma Nippon Automotores SA, por valor de más de G. 325.000.000, haciendo una entrega de G. 50.000.000, pago hecho con cheque de la municipalidad de Puerto Casado, que registró a su nombre con número de chapa AAJS 012.
Además, dictó una resolución por la cual se adelantó tres meses de salario. Por ese hecho se amplió la imputación por administración en provecho propio, ya que se alega que este beneficio no existe para ningún funcionario público y mucho menos para un ordenador de gastos.
Otro cuestionamiento es que en su ejecución presupuestaria rindió cuenta sobre la supuesta provisión de almuerzo escolar a escuelas primarias de comunidades indígenas en 2022 y 2023 por más de G. 600 millones. No obstante, según datos no habría entrado siquiera un plato de comida.
A esto hay que sumar un informe de la Contraloría General de la República que revela un desfalco de alrededor de G. 8.800 millones en solo 18 meses de gestión.
