Ante los jueces Adriana Planás, Matías Garcete y Elsa García se realizó la audiencia de revisión, donde la defensa del procesado requirió el permiso para viajar a España, a fin de continuar con sus estudios de especialización.
El fiscal Francisco Cabrera no se opuso a la medida, mientras que los querellantes Pablo Villalba y Arístides Duré se opusieron, ya que además del largo plazo, su retorno sería para dos días antes del inicio del juicio oral, marcado para el 23 de junio próximo.
Tras el estudio del pedido, los jueces le otorgaron el permiso para viajar a España, del 2 de mayo al 21 de junio, por cuestiones académicas. Le indicaron que la caución real estaba plenamente vigente, mientras que a su regreso deberá presentarse ante el Tribunal.
Villalba es ex director de Gestión Tecnológica, acusado por hurto en calidad de autor, alteración de datos relevantes para la prueba en calidad de autor, estafa mediante sistemas informáticos en calidad de autor y asociación criminal.
Según los querellantes, que estudian apelar el fallo, refieren que era una de las piezas claves para el desvío del dinero de la Comuna de Lambaré.
El querellante señaló que la defensa sostuvo que la capacitación sería en beneficio de la sociedad; sin embargo, afirmó que, a su criterio, ocurre lo contrario, ya que el acusado se capacitaría para luego causar daño a toda la sociedad lambareña.
De acuerdo con el abogado Arístides Duré, ex director de Informática, la pericia realizada al teléfono del imputado permitió detectar que este se comunicaba por WhatsApp con el ex tesorero Rodrigo Portillo, a quien enviaba planillas de Excel, facturas, nóminas y otros documentos que debían ser anulados. Incluso, los montos llegaban a G. 150 millones por día.
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Aseguró que había dos planillas, una oficial y otra donde se hacía una repartija de unos G. 6.000 millones, entre los que estaban el ex jefe comunal Armando Gómez, Rodrigo Portillo e Iván Villalba.
Incluso, según explicó Duré, en un mensaje de texto, dijeron que le habían hecho ganar al entonces intendente Armando Gómez, más de un millón de dólares en su turno.
Con ello, indicó que iban a estudiar si apelaban o no la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia.
