Un Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Elsa García, condenó este viernes a Samuel González Valdez (ANR), ex intendente de la ciudad de Arroyito, por lesión de confianza con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y royalties, y por uso de documentos no auténticos.
Se comprobó en el juicio oral y público que González Valdez lesionando sus deberes legales ordenó los desembolsos de dinero provenientes del Fonacide y royalties, bajo el pretexto de que serían destinados a la construcción de obras públicas en escuelas, en la vía pública y en un centro comunitario en la ciudad de Arroyito, según las magistradas. Sin embargo, las obras no fueron realizadas y ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 722.600.000.
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“Cada transferencia de dinero con relación a las distintas obras constituyen una nueva conducta que configura el tipo penal de lesión de confianza. Además, para dar la apariencia de legalidad a sus actuaciones, utilizó recibos, contratos, en los que se estampó una firma que no proviene de la persona que aparece como coautor”, expresó la magistrada Yolanda Portillo.
Manifestó además que se demostró que González Valdez articuló los procedimientos administrativos de contratación por vía de la excepción, con la intención de cobrar dinero sin realizar las obras.
Explicó que en la lesión de confianza utilizó el procedimiento administrativo de contratación por vía de la excepción, sin fundar el empleo de dicho mecanismo, lo cual le permitió seleccionar las empresas o personas que aparecerían como contratistas.
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“Samuel González ordenó los desembolsos de los fondos disimulando su disposición por medio de la realización de órdenes de pago y cheques emitidos al portador, que eran entregados a los mismos funcionarios municipales, quienes se encargaban de cobrarlos y entregar el dinero al acusado”, agregó.
Además, mencionó que González era intendente municipal y el patrimonio que debía velar o precautelar estaba destinado a los sectores más vulnerables de la sociedad, que son niños y adolescentes de escasos recursos.
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La Contraloría General de la República (CGR) realizó las respectivas verificaciones in situ y pudo comprobar que las construcciones realmente no habían sido ejecutadas o se habían realizado de forma parcial, en algunos casos.
Para el Ministerio Público, existió un perjuicio patrimonial de G. 722.600.000 por medio de adjudicaciones para construcciones de obras que en realidad no fueron ejecutadas y que incluso contaban con certificado de obras. Es decir, que se certificaba que las obras fueron supuestamente habilitadas en presencia del intendente de la ciudad.
