22 abr. 2024

Tres décadas y media después, construyamos institucionalidad

Fue publicado hace solo unos días el informe denominado El pulso de la democracia 2023 elaborado por el Barómetro de las Américas, de Lapop. Lapop es un centro de excelencia en la investigación internacional por encuestas, ubicado en la Universidad de Vanderbilt, y el informe es una referencia de interés para empresarios, inversores, académicos y demás interesados en conocer la situación de la democracia en la región.

El titular principal de la introducción al informe es el siguiente: “Invertir en lograr una buena gobernanza y un crecimiento inclusivo resulta rentable. Mientras que con la primera prevalece el Estado de derecho, el segundo garantiza que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas” seguidamente el informe indica “Cuando se cumplen estas condiciones, la gente confía en sus instituciones políticas y se muestra menos dispuesta a emigrar”

Es difícil leer estas consignas y no pensar en Paraguay y su democracia. Institucionalidad e inclusión. Dos premisas fundamentales para el éxito de cualquier democracia y que aquí, tres décadas y media después de haber finalizada la dictadura, todavía no podemos ponerlas en práctica.

Una de las principales conclusiones del informe revela que “una mayor confianza en las instituciones está fuertemente asociada con un mayor apoyo a la democracia”. En ese orden, la medición sobre el apoyo a la democracia en los países de la región, que publica el informe, muestra a las claras el estado de las democracias en América Latina.

Aquellos países con mayor tradición democrática como Uruguay, Costa Rica o Chile están por encima del 70% en cuanto apoyo a la democracia, mientras que nuestro país se posiciona junto con Jamaica, Haití, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador en un rango de apoyo de 50%, apenas por encima de países como Honduras (49%), Surinam (48%) y Guatemala (48%) con graves déficits democráticos.

Este apoyo mediocre a la democracia en Paraguay puede vincularse con los datos del Índice de Estado de Derecho 2023, del World Justice Project (WJP) que ubica a Paraguay en el lugar 99 de 142 países. A nivel regional, este mismo informe posiciona al país en el puesto 24 de 32 países estudiados en América Latina y el Caribe. Las dimensiones evaluadas con peor calificación son ausencia de corrupción y cumplimiento regulatorio, entre otras. El país con mejor puntuación de la región es Uruguay (puesto 25 de 142 a nivel mundial), seguido de Costa Rica y Chile. Los peor puntuados Nicaragua, Haití y Venezuela (142º a nivel mundial).  

Leyendo estos porcentajes en perspectiva comparada con otros índices mundiales, que tienen relación con la capacidad institucional y la gobernanza, como el índice de Transparencia Internacional o el Global Organized Crime Index la situación para la imagen país no es alentadora. En ambas estamos ubicados como el segundo país más corrupto de la región, apenas superando a Venezuela, y como el de mayor criminalidad junto con Colombia y México, destacándose “el tráfico de armas, contrabando de cigarrillos, comercio de bienes falsificados y el narcotráfico” entre las principales actividades delictivas.

Sin Estado de derecho, con altos niveles de corrupción e impunidad, con el crimen organizado en auge y una cultura política que todavía muestra nostalgia hacia prácticas autoritarias, ¿hacia qué modelo de régimen político vamos?

El inicio tardío del proceso transicional, la propia historia de gobiernos autoritarios y militares, el carácter conservador y clientelar –antes que republicano– de los partidos políticos paraguayos, y una tortuosa transición que no ha logrado imponer el imperio de la ley por sobre la arbitrariedad de sus gobernantes son factores que pueden explicar, en parte, este rezago democrático. (Rivarola, 2023)

El informe de Lapop 2023, entre sus conclusiones, destaca lo siguiente: “Para resolver esta crisis de las democracias, las autoridades deben fortalecer las instituciones democráticas en las que sus líderes actúen con integridad y, a su vez, se ganen la confianza del público”.

Estos indicadores internacionales deberían ser, para nuestros actores políticos, un llamado claro de atención sobre los desafíos de la representación política en estos tiempos. No prestarles atención, ocultarlos o intentar desacreditarlos no hará que los problemas estructurales de la democracia paraguaya desaparezcan, por el contrario, hará que se profundicen todavía más.

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