La diputada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla despotricó contra sus colegas María de las Nieve López y Carlos Noguera en la sesión ordinaria de la Cámara Baja este miércoles.
En la víspera denunció que el bloque de Honor Colorado, que lidera el ex presidente Horacio Cartes, ofrece la suma de USD 50.000 por cada voto de diputados para que no apoyen el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
“A la colega María, Carlos Noguera y Édgar Ortiz, que afuera hay gente que ya no tiene para trabajar y para comer. La pandemia está en su apogeo. Mientras tanto, ustedes, dicen que, dicen que, andan pidiendo USD 50.000 por su voto”, exclamó.
“Sinvergüenzas, hay familias que están entre seis y no tienen G. 150.000 para comer”, siguió. “Corruptos, afuera hay gente que tiene hambre”, lanzó en otro momento.
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Los votos de los dos diputados liberales en cuestión son claves para aprobar o rechazar el juicio político a Sandra Quiñónez.
Si los 80 diputados están presentes, se necesitan 53 votos para la aprobación y hasta el momento entre colorados oficialistas y legisladores de la oposición se logró reunir 51 en total.
“A la gente que hoy no fue a su trabajo, María; que no puede traer producto de su valle, de J. Augusto Saldívar porque ya no tiene combustible; a la gente que tiene que venir de Mallorquín, Noguera; y no pueden porque ya no tienen combustible; que les sea de provecho ese USD 50.000", vertió.
María de las Nieve, acusada de negociar votos
María Esther Roa, presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), calificó el martes a María de las Nieve López como “diputada del crimen organizado”.
Esgrimió a través de su cuenta en Twitter que está negociando su voto a cambio de “la impunidad de los robos que hizo su esposo, Daniel Báez, a los ciudadanos de J. Augusto Saldívar”, donde fue intendente en el periodo del 2015 al 2017.
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El ex jefe comunal fue imputado junto a su antecesor Alfonso Benítez (2015) por lesión de confianza. Ambos fueron procesados en 2019 por obras inexistentes que se realizaron en contratos suscritos con firmas de proveedoras de bienes y servicios en sus años de gestión, autorizando a través de resoluciones municipales el desembolso de montos de dinero.
Asimismo, en esa época se adquirieron combustibles y lubricantes y almuerzo escolar por la vía de la excepción. Es decir, no se ha procedido a la licitación pública. El perjuicio patrimonial fue de G. 1.072.426.954, según el Ministerio Público.
La fiscala Sandra Ledesma también lo imputó en 2020 por desacatar una orden judicial de eliminar los afiches de las calles en etapa electoral.
