El 18 de diciembre del 2023, con el megaoperativo Veneratio se marcó un antes y un después en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Ese día, con más de 2.000 agentes policiales, linces y militares se logró retomar el control del penal, que estaba en poder del Clan Rotela, y se hizo el traslado de 724 reos a otras cárceles, algunos de ellos a penales de máxima seguridad.
El MNPT hizo un monitoreo de la realidad penitenciaria los meses siguientes al operativo. ¿La conclusión? Se evidenció “un poder bicéfalo que ha llevado a establecer sistemas de control variado”.
El control de parte de efectivos policiales fue fuerte durante cuatro meses y después fue menguando, pero sigue instalada la Policía Nacional, estableciendo una calle de acceso única, con puestos de controles.
Además de eso, también los agentes penitenciarios tienen el control del sistema en sus manos.
Con esto se evidenció “un claro conflicto de competencias”. El informe cita que, en conversaciones, el director del penal señaló que no podía tomar decisiones en la gestión; sin embargo, el comisario, por su parte, decía que “su misión” era simplemente “evitar que privados de libertad se fuguen, y controlar ingresos”.
El Mecanismo reflejó que ese conflicto dejó graves consecuencias, que influyeron hasta en la distribución de alimentos y el acceso a la sanidad.
CORRUPCIÓN. Además de una doble cabeza de mando, donde se desconoce a quién escuchar, el informe también menciona las redes de corrupción que, en vez de ser extirpadas, se fortalecieron.
“Toda la maquinaria sigue funcionando”, comentó Orlando Castillo, comisionado.
Por un lado, “surgieron nuevos actores al esquema de corrupción: Los policías”.
Como los policías están en “los muros”, haciendo vigilancia del perímetro, con la “misión” de evitar entrada de artículos prohibidos, como teléfonos y drogas, los internos desde abajo piden ingresar productos y así se cobra. “Acá se paga nomás”, se dijo desde las cárceles.
Por otra parte, están los agentes penitenciarios, “quienes son ahora los que se encargan de recaudar, de cobrar y de dirigir el sistema de corrupción dentro de la Penitenciaría”, sostiene el informe.
Por ejemplo, se paga para que un privado de libertad cuente con un teléfono, y el costo –que es diario y el mismo “depende de la cara del cliente”– va de acuerdo si quiere tener o recuperar el celular.
Desde G. 5 mil a G. 20 mil por día puede costar mantener un celular. Al mes, eso va desde los G. 150 mil a G. 600 mil.
Los agentes penitenciarios también reciben giros Tigo de familiares, pero antes de entregar a los internos, se quedan con un porcentaje que va desde 20 al 30%.
Además, “la reubicación de internos en nuevas celdas, y pabellones ha dado también un importante ingreso de pagos”.
