El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, se retiró muy molesto de la reunión con la Mesa Directiva del Senado. No tuvo capacidad de responder todas las preguntas que le hicieron los legisladores en torno a las irregularidades sobre la venta de inmuebles del Estado en el Chaco, y manifestó que prefiere someterse a la Justicia antes que ser juzgado por el Congreso.
Ruiz Díaz indicó que remitirá todos los antecedentes de los casos cuestionados para que la Fiscalía abra una investigación. No quiso asumir ninguna responsabilidad y trasladó toda la carga a la administración anterior. “Este es el Parlamento; donde se me va a juzgar es en la Justicia”, dijo muy ofuscado.
El alto funcionario, además, se mostró enojado por lo que consideró una acusación que lo relaciona con el crimen organizado, y dijo que el Congreso no tiene competencia para juzgarlo.
“Hay que enviar esta documentación al ámbito competente que es la Justicia porque hay acusaciones muy serias en mi contra; quiero presentarme en el ámbito donde van a juzgar; me pongo a disposición de la Fiscalía”, recalcó.
Ruiz Díaz dijo tajante que ordenará él mismo a la Dirección Anticorrupción del Indert presentar todos los antecedentes para que se entregue a la Justicia, para no tener que “utilizar un ámbito político como el Parlamento para acusar a una administración”.
Desacreditó al Legislativo porque consideró que solo emiten opiniones políticas, luego de que los miembros de la Mesa Directiva le pidieran remitir los informes de los casos. “Porque las acusaciones fueron muy fuertes, asociación ilícita con el crimen organizado y regalo de tierras”, subrayó.
Igualmente, el titular del Indert sostuvo que “lo más sano” es crear una comisión parlamentaria para investigar todos los casos de adjudicación irregular de tierras en todo el trayecto del corredor bioceánico, y luego remitir a la Justicia.
Interpelación. La oposición presentó un proyecto que solicita la interpelación de Ruiz Díaz, que se incluyó al orden del día de la sesión del miércoles, pero desde Honor Colorado ya se anticiparon que será rechazado. De hecho, para salvarlo de este proceso, se convocó a la reunión de ayer lunes.
Toda la bioceánica está irregular. El caso de Carmelo Peralta, que son las 29 hectáreas vendidas por solo G. 18 millones, es solo uno de los tantos y esto fue admitido por el mismo presidente del Indert, que citó a Pozo Hondo entre los más complejos.
Sobre la venta a precio irrisorio, Ruiz Díaz explicó que en la zona de la Bioceánica hay un hecho innovador que no fue contemplado por la administración pasada ni la actual, que es el enfoque comercial inmobiliario. “Se habla de que esos valen 20.000 dólares la hectárea, el Estatuto Agrario no contempla la herramienta para que podamos hacer tasaciones de inmobiliaria”, lamentó.
Propuestas. Algunos senadores intentaron arreglar la orfandad de argumentos de Ruiz Díaz y le dieron propuestas de solución sobre el caso de las tierras de Carmelo Peralta, que prometió que serán evaluadas.
La primera provino del colorado Colym Soroka, quien planteó preparar un proyecto de expropiación porque lo veía “asustado” al alto funcionario. “Siempre están a un paso los directores del Indert de Tacumbú. Lo más sagrado es la libertad, no arriesgues”, lanzó.
Así también, Soroka le pidió que se dejen de vender tierras fiscales a personas que obtienen sus cédulas paraguayas con un mes de anticipación, porque implica que son extranjeros que se nacionalizan solo para “sangrar el territorio” y luego hablan otros idiomas.
Igualmente, el colorado Ramón Retamozo hizo la segunda propuesta que fue verificar las tierras para confirmar si se están usando para la agricultura y ganadería, y si no es así, que sean devueltas.
Ruiz Díaz insistió en que los problemas vienen del pasado y que no tiene responsabilidad.
Es la reunión más rara que me tocó; nunca hubo un funcionario público con tanto desconocimiento de lo que habla. Rafael Filizzola, senador.
