Acerca de la proliferación de títulos falsos que pudieran ostentar personas con cargos públicos en este momento, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos indicó que la investigación corresponde al Ministerio Público. “Estamos hipotéticamente ante eventuales hechos punibles de acción penal pública, entonces en consecuencia el Ministerio Público puede iniciar la investigación de oficio”.
“Es mucho más grave en caso de personas que ocupan cargos públicos o personas que directamente estuvieron, por ejemplo, encabezando entidades cuyas decisiones generan situaciones institucionales muy delicadas para el funcionamiento de la República, por ejemplo, si tiene que juzgar a jueces, designar jueces”, explicó, haciendo referencia al caso del ex senador Hernán Rivas, quien es acusado de tener un título falso de abogado y con eso haber sido representante de la Cámara de Senadores en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados donde incluso llegó a presidir.
El ministro Ríos sostuvo que la Ley 2529/04, conocida como Ley Marcos, que modificó los requisitos para la creación de universidades privadas, fue resultado de un “consenso político” de la época. Además, advirtió que la proliferación de universidades sin rigor académico responde a un problema “sistémico”.
Ríos recordó que cuando se desempeñaba como diputado presentó junto a otros legisladores un proyecto para prohibir la creación de nuevas universidades. Sin embargo, afirmó que posteriormente “fue el propio Parlamento otra vez que hizo excepciones a esa ley y fueron creando otra vez universidades, casualmente casi todas de gestión privada”.
El ministro reconoció que existe un grave problema en el sistema de educación superior que debe ser corregido. “Yo estoy de acuerdo con que hagan negocio, que ganen plata los que gestionan universidades privadas, pero con la legislación actual se constituyen en entidades sin fines de lucro y por eso inclusive no pagan muchos impuestos”, expresó. Añadió que numerosas instituciones privadas están exoneradas tributariamente porque supuestamente no tienen fines de lucro y citó la frase de un rector brasileño: “En realidad, son entidades de lucro sin fin”, manifestó durante el programa Políticamente Yncorrecto, emitido el domingo en Telefuturo.
Asimismo, señaló que es necesario fortalecer a la Aneaes y dotarla de mayores recursos para mejorar los controles sobre las carreras universitarias.
En ese contexto, adelantó que en la Corte Suprema se hará una reunión entre ministros para volver a debatir la implementación de una acordada que establezca evaluaciones de competencias para abogados egresados de carreras no acreditadas, incluso aquellas que se encuentren en proceso de acreditación. Explicó que quienes provengan de carreras acreditadas por la Aneaes seguirán el procedimiento habitual de juramento y obtención de matrícula profesional.
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Por su parte, el presidente de la Aneaes, José Duarte Penayo, alertó que solo el 10% de la oferta universitaria fue certificada por la institución. “Hoy desde el Estado no podemos asegurar que el 90% de la oferta universitaria responda al rigor académico que debe tener cualquier título de grado”, afirmó.
También indicó que existe “una brecha muy grande” entre las carreras habilitadas por el Cones y aquellas acreditadas por la Aneaes, situación que atribuyó al proceso de masificación de la educación superior.
A su turno, el ministro de Educación, Luis Ramírez, señaló que existe la necesidad de avanzar hacia un plan estratégico de crecimiento, desarrollo y ordenamiento de la educación superior. “No digo que esté mal lo que tenemos, está muy bien; solo que falta generar algunos ajustes para el volumen y la cantidad”, manifestó.
Ramírez añadió que el Ministerio de Educación implementará nuevas reglas para el registro de títulos universitarios. Explicó que solo serán registrados aquellos estudiantes incluidos en el Registro Único del Estudiante de la Educación Superior (RUE), una herramienta que permitirá al Estado contar con trazabilidad completa de la trayectoria académica de cada universitario.
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También habló sobre el crecimiento descontrolado de la educación superior en el país y señaló que durante años se permitió la expansión sin suficientes mecanismos de control estatal.
“Se crearon 60 universidades, 40 institutos superiores, 1.093 filiales y 6.300 carreras. Hoy todo eso sigue vigente. Entonces es un número abrumador”, expresó.
Ramírez aclaró que no considera que el problema sea que la educación privada funcione como negocio. “Obviamente tiene que ser rentable, está bien. El problema es que el negocio se haga de cualquier manera. El problema es que el negocio sea una estafa”, sostuvo.
Indicó además que existen carreras que requieren inversiones importantes y que, en muchos casos, la alternativa privada resulta necesaria ante las limitaciones del Estado. Sin embargo, insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de regulación y control.
“Tiene que haber un marco regulatorio, criterios claros, y lo que no puede pasar es que el Estado pierda el control de lo que se va a hacer y de cómo se va a hacer”, afirmó. Agregó que durante mucho tiempo “un grupo de personas de una misma naturaleza definían y decidían todo lo que iba a pasar”, sin que existieran herramientas legales para intervenir.
Por su parte, Duarte Penayo, calificó como grave la situación de varias carreras universitarias, especialmente en el área de Derecho.
Explicó que desde el 2015 la Aneaes convoca a las carreras a someterse a procesos de evaluación con fines de acreditación, pero muchas nunca se presentaron. “Lo más grave no es no acreditar, porque la no acreditación te da un plan de mejoras. El problema son aquellas carreras que ni siquiera se presentan”, manifestó.
Según Duarte, estas instituciones “abaratan costos y ofrecen matrículas baratas”, afectando incluso a universidades privadas que sí realizan esfuerzos por cumplir estándares de calidad. “Esas carreras deben ser intervenidas. La intervención no necesariamente significa cierre; significa inspección y verificar si pueden adecuarse”, indicó.
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Asimismo, lanzó fuertes críticas contra sectores de la educación superior a los que calificó como “piratas”. “En Paraguay existen piratas de la educación superior que deben ser fumigados con los instrumentos legales existentes”, expresó.
Añadió que el Estado paraguayo debe enviar “un mensaje claro” a la ciudadanía de que “ya no va a tolerar ningún esquema de estafa colectiva”, considerando que miles de estudiantes realizan importantes sacrificios económicos para acceder a una formación universitaria.
