19 may. 2025

Trabajadores se manifiestan frente a maquiladora tras despido masivo

Son 70 los trabajadores afectados por los despidos en la empresa denominada Inbraled SA, una empresa con capital brasileña, instalada en el Parque San Juan del kilómetro 8 Acaray (Ciudad del Este). Los afectados no cobraron su salario de octubre, ni los otros beneficios, conforme a la denuncia.

Inbraled SA

Inbraled SA opera desde hace varios años en el país en la producción de luces led.

Foto: Edgar Medina.

Laura Olazar, abogada de la firma, admitió que la empresa no está en condiciones de cumplir con sus obligaciones, como consecuencia de la pandemia.

“Los trabajadores están reclamando en un solo pago las indemnizaciones y el preaviso. O sea que la empresa les ofreció pagar en 6 cuotas. Hubo trabajadores que aceptaron, pero la empresa en la primera cuota ya falló. Pagaron la mitad de lo que prometieron y volvieron a prorrogar el plazo”, afirmó el abogado José Estigarribia, quien representa al grupo.

Estigarribia afirmó que se citó a la empresa para una tripartita en el Ministerio del Trabajo, pero no se presentaron en las dos ocasiones.

“Presentamos ante el Ministerio del Trabajo la solicitud de intervención y presentamos una nota ante el Ministerio de Industria y Comercio para pedir la revocatoria de la resolución de maquila, porque la Ley de Maquila beneficia muchísimo a la empresa, bajando los impuestos con una condición que es el cumplimiento de las normas laborales, que ellos ahora están violando”, afirmó el abogado.

Los manifestantes se instalaron al costado del portón de acceso con sus pancartas, en las que señalan sus reclamos a la empresa.

Inbraled SA opera desde hace varios años en el país en la producción de luces led, que son enviadas al Brasil, atendiendo a su página web. Se instalaron en Ciudad del Este por estar en la frontera y los beneficios otorgados por la ley mencionada y el costo menor de la energía eléctrica que el Brasil, según el portal oficial de la empresa.

La abogada Laura Olazar, representante de la firma, sostuvo que la empresa tiene la intención de pagar todos los beneficios a los trabajadores, pero que las consecuencias de la pandemia a nivel mundial afectaron también a la maquiladora.

“La empresa estaba suspendida. Se trató de remontar por el mal momento que todos pasamos por la pandemia, pero como los insumos vienen de China, también hubo problema de logística. Ahora salió una carga y eso recién se cobra en 2 meses”, explicó la abogada.

La representante de la firma aseguró que se ofreció el pago fraccionado de los beneficios, pero algunos empleados decidieron llegar a instancias judiciales.

Más contenido de esta sección
Graves baches y falta de mantenimiento ponen en riesgo a conductores y dañan vehículos en la ruta Concepción-Vallemí. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es el responsable de su mantenimiento; sin embargo, ni una máquina opera en la zona.
La Policía Nacional reportó el hallazgo del cuerpo de Eduardo dos Santos, un hombre con antecedentes por narcotráfico, en un camino vecinal de la localidad de Cerro Corá, en Amambay. El hombre había sido raptado de su vivienda, en Pedro Juan Caballero, antes de ser asesinado.
En el capítulo de Balanza Judicial de esta semana, los periodistas Liz Acosta y Raúl Ramírez te detallan el proceso contra Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, quien llega extraditada a nuestro país desde España. ¿Qué sospechas hay en su contra?
Miguel Ángel Gaspar, el director de Paraguay Ciberseguro, formalizó este lunes una denuncia ante el Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, por el sabotaje informático a instituciones estatales hace 10 días.
Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, arremetió este lunes contra el contralor Camilo Benítez y anunció que su equipo jurídico presentará una denuncia penal por uso de instrumento público de contenido falso.
Una familia que viajaba a bordo de una camioneta se llevó un susto cuando se produjo la caída de un cartel del Ministerio de Obras Públicas. Las víctimas analizan una acción legal al ente estatal por los daños materiales. Ninguna autoridad se comunicó con los afectados.