Mediante un comunicado, los gremios informaron que el anuncio de huelga es por la falta de reivindicaciones laborales por parte del Gobierno y el Estado paraguayo, además del debilitamiento institucional a favor del crimen organizado y la violación de derechos fundamentales, informó la periodista de Última Hora, Liz Acosta.
El Frente Unido, que congrega a nueve gremios, se dirigió al Poder Ejecutivo, a la Vicepresidencia, al ministro de Economía y Finanzas y a las autoridades del Congreso Nacional.
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“Ante el agotamiento del diálogo y las reiteradas solicitudes en los últimos 13 años, los funcionarios, empleados y trabajadores del Ministerio Públicos nos hemos convocado en una asamblea general, en la cual se ha decidido recurrir a la medida de fuerza desde el 17 de noviembre del corriente, ante la falta de respuesta y negativa por las reivindicaciones laborales, sociales y humanas”, señalaron los gremios.
Asimismo, indicaron que desde hace más de 13 años sus salarios permanecen congelados, en un desfasaje de más del 68% con relación al costo de vida.
“Si bien en el 2018 hemos realizado una medida, entonces se destrabó apenas un 3,5%, el cual implicó sobre 3 millones de guaraníes, con los descuentos, un poco más de G. 67.000, lo cual ha constituido una burla para todo el funcionariado”, recalcaron.
En ese sentido, mencionaron que los agentes fiscales obtuvieron una ley que equipara su salario al de los magistrados. Sin embargo, el sector más vulnerable, que son los funcionarios, médicos, psicólogos, peritos, técnicos, choferes y administrativos han quedado relegados por el Gobierno.
“Esta situación afecta la calidad de vida y dignidad con relación a las funciones que se realiza”, aseguraron.
Asimismo, manifestaron que el rezago de salarios permea a escenarios que convergen en un debilitamiento institucional, de una entidad que tiene como misión la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, lavado de dinero, corrupción pública, hechos sensibles como violencia familiar, abuso sexual, robos, hurtos, y otros cientos de hechos, y la atención a más de 300.000 casos y víctimas al año.
“Registramos de nuestra parte que varios sectores políticos han reconocido la necesidad de revindicar nuestros derechos, lastimosamente minoritario. Sin embargo, revelamos que un sector afín al oficialismo nos ha dicho que ‘no’ enfáticamente y sabemos que han negociado con algunos referentes que no representan a la mayoría de los funcionarios”, afirmaron.
Entre tanto, expusieron que esta agenda planificada y adrede, favorece a la criminalidad y a la delincuencia, como agenda país.
“Solicitamos de las autoridades del Gobierno el reconocimiento de la labor que implica el acceso a la justicia, condiciones laborales dignas y seguras, el reajuste salarial solicitado por la Fiscalía General dentro del proyecto de presupuesto (ni siquiera implica aumento) y un compromiso real en el fortalecimiento de una institución que tiene como misión la lucha contra el crimen organizado y la corrupción pública, decimos no al simple discurso que ya no engaña a nadie, ¡basta de sometimientos!”, finalizaron.
