Sin embargo, publicaciones en páginas digitales refieren que podrían ser cientos los casos no denunciados ante el Ministerio Público. La fiscala Estela Mary Ramírez afirmó que recibió varias llamadas denunciando que los policías habrían cometido varios casos más, pero que no hubo denuncia formal.
El comisario principal Alcides Velázquez Iriarte, de 48 años, ex jefe de la Comisaría 21-Torín, así como los suboficiales principales Julio Darío Díaz Sosa (31), Osmar Antonio Paredes Arrúa (30), Eladio Inocente Giménez Caballero (35) y Gustavo Arnaldo Toledo González (35) deben enfrentarse ahora a un proceso penal, en consecuencia.
Cuando salió al tapete el caso de Julia de Lima Venancio y Matheus Manggioca, víctimas, un diario digital publicó que había una denuncia reciente similar realizada públicamente, pero que el director policial de Caaguazú no había tomado medidas.
Miguel Escobar Gómez, al mando de un automóvil de la marca Toyota, modelo Ratis, gris, se dirigía a la capital del país, cuando los policías le pararon durante una verificación de rutina. Aunque no encontraron nada, le pidieron dinero, según su denuncia publicada en el medio Caaguazú Digital, en la red social del Facebook.
Los agentes lo retuvieron por varias horas en la sede policial, hasta que a través de giros telefónicos, sus familiares le enviaron el dinero. Escobar Gómez filmó a los agentes, que no tenían portanombres, pero estos reaccionaron y le rompieron el teléfono celular.
Fue el 8 de diciembre pasado y tuvo que pagar 4,5 millones para recuperar su libertad, según su denuncia. Los agentes elevaron un informe a sus superiores de que solo fue identificado y que firmó el acta, por estar conforme con el contenido.
Otros casos también se registraron desde hace algunos años, según el mismo medio. Uno más reciente ocurrió en diciembre del año pasado, cuando un camionero denunció que los agentes le pidieron G. 500.000 para evitar la dilación de la verificación de su vehículo, luego de haberles ya exhibido los documentos de su rodado y el permiso de Senacsa para circular, durante un “operativo pan dulce”.
En julio del año pasado, el conductor Osmar César Toledo también denunció que los policías de Torín inventaban cualquier falta para pedir coima. Los agentes le pidieron cinco millones de guaraníes, luego de que haya mostrado los documentos, bajaron a dos millones y finalmente acordaron en un millón de guaraníes, para evitar contratiempos. El caso fue denunciado ante la fiscala Sonia Estigarribia, por el abogado de la víctima, Enrique Villalba.
Otras denuncias datan del año 2018 y 2019, donde evidentemente los autores fueron otros policías y no los que actualmente están detenidos.
