Sobre la red de estafa que cayó el miércoles y que involucra a un ex alto funcionario del Congreso, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, dijo que no necesariamente se trata de inmuebles de la institución.
Sin embargo, reconoció que conoce al menos nueve casos de menonitas de Caaguazú que fueron estafados en la administración anterior, especialmente durante la presidencia de Horacio Manuel Torres, quien renunció en el 2019 tras un escándalo por coimas.
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Por su parte, Enrique Gómez de la Fuente fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por cohecho pasivo agravado y extorsión.
Ruiz Díaz mencionó en radio Monumental 1080 AM que conoce al menos otros casos de menonitas de Caaguazú que fueron estafados, pero lamentó que en muchas ocasiones se niegan a denunciar.
Sospecha que no quieren acudir a la justicia porque no quieren ser expuestos “como tontos”, teniendo en cuenta que en algunos casos pagaron miles de millones de guaraníes.
Otra hipótesis es que prefieren evitar estar involucrados en eventuales investigaciones, ya que habrían accedido a realizar los trámites con supuestos funcionarios del Indert en lugares ajenos a la institución, incluso en departamentos particulares, mientras que otra sospecha es que serían amenazados.
En un caso, una de las víctimas reconoció que había pagado G. 400 millones, pero se negaba a dar nombres de los funcionarios. Un modus operandi que partía de los propios funcionarios era el pedido de dinero para realizar verificaciones de campo, con pagos que iban de G. 15 millones a G. 30 millones.
En cambio, la persona interesada pasaba años sin que los trámites para adjudicación avancen.
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Esquema heredado
El actual presidente del Indert comentó que cuando se desempeñaba como director del Servicio Nacional de Catastro, durante el mandato de Mario Abdo Benítez, ya encontró irregularidades en la institución que hoy dirige.
Relató que Enrique Gómez de la Fuente operaba como titular del Indert en la Región Occidental, mientras que en la Oriental se mantenía Horacio Manuel Torres. Es decir, funcionaban dos administraciones de facto.
De esta manera, Gómez de la Fuente pasaba por alto varios trámites internos y pasaba los expedientes directamente a Catastro para que avanzaran. Cuando Ruiz Díaz se percató de esta situación, impuso mayores controles a los documentos que provenían del Chaco para su registro.
En ese momento Ruiz Díaz cuenta que encontró superposición de propiedades del Indert con parques nacionales o inmuebles privados, entre otras irregularidades.
Cuando asumió como titular del Indert en el 2023, armó un equipo de confianza y expulsó a todos los comisionados que “no tenían compromisos” con la institución. En este marco se lograron recuperar unos 7.000 expedientes, pero otros “se perdieron”.
Asimismo, volvió a centralizar la administración en una sola presidencia, es decir, los documentos del Chaco volvieron a pasar por la oficina central.
Igualmente, detectó que un funcionario “movió” un expediente a pesar de que había ordenado que se frenaran los trámites y el caso se derivó al Departamento Anticorrupción.
Sobre las tierras del Chaco, aclaró que no forman parte de la reforma agraria y que, en ese sentido, uno de los requisitos es tener un plan de inversión, no tener antecedentes penales ni judiciales y contar con marca de ganado, entre otros.
