Dumot explicó que la exposición a productos cuya calidad y sanidad no pueden garantizarse puede terminar dañando la salud de los ciudadanos.
El representante del gremio recordó los efectos de este flagelo en el marco de la presentación del informe de Economía Subterránea 2024, que será socializado este miércoles 25 por la organización PRODesarrollo y elaborado por la consultora Mentu.
A través de la consultora Mentu, el presidente del CIP mencionó las preocupaciones que existen en el sector con relación a estos perjuicios que genera esta problemática a nivel país y pide un trabajo en conjunto.
“Es una competencia desleal entre las empresas que pagamos todos los impuestos y cumplimos todas las normas vigentes versus las que de alguna manera se aprovechan de esta informalidad relevada por el estudio de PRODesarrollo, y con eso consiguen ventajas competitivas que no deberían ser sostenidas”, lamentó.
Señaló que el punto de vista más visible de afectación es el contrabando, donde los mismos productos que se importan, representan, distribuyen y construyen las marcas desde el sector formal en Paraguay, terminan siendo importados de manera ilegal y afectan no solamente los volúmenes, la venta y la rentabilidad, sino también el posicionamiento de las marcas y el esfuerzo que hay detrás de ello. También agregó el efecto negativo en la subvalorización aduanera. Igualmente, recordó que detrás de la informalidad hay una serie de incumplimientos de normas sanitarias que implican que los consumidores acceden a productos que no cuentan con certificación de calidad ni de que sean aptos para el consumo humano.
“Ya se han tenido casos de afectación al consumidor final por no respetarse los procesos de transporte, la cadena de frío, los controles de calidad, los vencimientos propiamente de los productos. Podemos estar ante lotes de productos de mala calidad disponibles a ojos del consumidor final, lo cual, más allá del perjuicio económico para el importador y para el fisco, puede ser un grave problema de salubridad para el consumidor final”, advierte Dumot.
Asimismo, recomendó a las autoridades identificar, con información con la que también cuenta el Fisco, cuáles de estos componentes de la economía subterránea se encuentran en el campo de la informalidad y cuáles son de ilegalidad.
“En la parte de informalidad es donde el Fisco tiene más posibilidad de accionar directamente, incrementando sus controles, mejorando su estructura de controles cruzados, como lo está haciendo hoy la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), y, de alguna manera, siendo más efectivo también en el castigo de casos que se han encontrado en el pasado”, afirmó.
Consideró que el Fisco debe tomar la información compartida por PRODesarrollo como válida, dada la consistencia del estudio, los años en que ya se viene haciendo y lo sostenido del ratio, que demuestra relativamente poca variación, para tratar de resolver el problema por partes.
