Los principales gremios del sector infraestructura, con el respaldo de más de 100 empresas de la construcción civil y vial, advierten que el déficit real para 2026 asciende a USD 590 millones. Exigen que el Gobierno deje de usar a las empresas como “financistas involuntarios” para cumplir metas fiscales.
En un duro comunicado conjunto, la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Paraguaya de Consultores (Cpcpya) calificaron de “grave e insostenible” la situación financiera del sector debido a la falta de pago por parte del Estado en obras ya certificadas y concluidas.
Según denuncian los gremios, los pagos parciales del Gobierno son insuficientes para cubrir incluso los intereses de los préstamos que las constructoras han debido asumir para no paralizar las obras estratégicas del país.
“El Estado no puede financiarse a costa de las empresas”, reza el documento, que alerta sobre una quiebra técnica masiva en el sector. Esta parálisis no solo afecta a las grandes constructoras, sino que arrastra a proveedores, destruye el empleo formal y deteriora la cadena de pagos en toda la economía.
A pesar de que Paraguay ha celebrado recientemente la obtención del grado de inversión, los gremios advierten que este logro es frágil si no se acompaña de seguridad jurídica y cumplimiento de contratos internos. “Los inversores no solo miran la macroeconomía, evalúan la previsibilidad institucional. Paraguay no puede caer en un default selectivo sobre sus obligaciones internas”, señala el comunicado.
El sector critica que el Gobierno intente alcanzar la meta de déficit fiscal del 1,5% para 2026 trasladando el costo del financiamiento a los proveedores privados, en lugar de realizar una revisión profunda de la eficiencia del gasto corriente improductivo.
Esta brecha financiera pone en riesgo no solo las obras del MOPC, sino también proyectos en salud (MSPBS), educación (MEC), energía (ANDE) y servicios sanitarios (ESSAP).
Uno de los puntos más polémicos del reclamo es la existencia de fondos provenientes de convenios internacionales que se encuentran inmovilizados mientras las empresas se endeudan a tasas gravosas.
Ante esta crisis, los gremios proponen la inyección inmediata de los fondos internacionales disponibles para cancelar certificados pendientes, además de la ampliación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 para adecuarlo a las necesidades reales de infraestructura.
- 590 millones de dólares es el déficit estimado que requiere el sector de la construcción, según el comunicado.
