Julio Fernández reconoció que nombrar al general (r) Ramón Benítez para dirigir el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia (Detave) fue una equivocación. Él lideraba una gavilla que cobraba hasta G. 100 millones en coimas, según la Fiscalía.
“El Detave siempre fue un gran problema y, lamentablemente, cometimos un error en la elección de la cabeza”, fueron las expresiones del titular de la Dirección de Aduanas en contacto con radio Monumental 1080 AM.
Aunque reconoció que las primeras operaciones de Benítez fueron exitosas. “Eso fortaleció nuestra confianza”, prosiguió.
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Ante la situación, el director de Aduanas anunció una reestructuración y cambios importantes dentro del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada, pero todavía no supo determinar si la dependencia será eliminada de forma definitiva.
El propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, comunicó este lunes que, por el momento, el Detave dejará de funcionar.
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Las investigaciones que dieron inicio al operativo Brillante comenzaron hace dos meses, en una tarea multiagencial de las autoridades, y terminó con la detención del militar retirado y de otros implicados, entre funcionarios y policías.
Fueron las sospechas de Abdo Benítez lo que puso en alerta a las autoridades. Al jefe de Estado le llamó la atención que no se registraban incautaciones de cigarrillos ingresados de contrabando al país, mencionó Fernández.
Siete meses atrás, el jefe de Estado designaba a Ramón Benítez como nuevo jefe del Detave. Pero luego fue descubierto mediante un audio, donde se lo escucha negociar el ingreso de productos de contrabando a cambio de dinero.
Ahora, el ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) está recluido en la prisión militar de Viñas Cué, por disposición del juez Agustín Delmás.
Los otros detenidos
También fueron detenidos los funcionarios del Detave identificados como Roberto Cabañas, Óscar José Samudio Vargas, Fredi Rubén Gauto, Diego Eduardo González Aguilera, Porfirio Figueredo, Alan Núñez y Luis Carlos Prudhomme, estos dos últimos son agentes de la Policía Nacional.
Todos fueron imputados por cohecho pasivo agravado, asociación criminal y contrabando.
