El Gobierno debió llamar la atención a intendentes y gobernadores para que se encarguen de cumplir con el servicio, aclarando que la nueva ley del Fonae o “Hambre cero” no fue aún sancionada por el Congreso.
La desprolijidad obligó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a emitir un comunicado para recordar a gobernaciones y municipalidades que se encarguen de su función.
“Es imperativo que las gobernaciones y municipalidades, respectivamente, hagan cuenta de su responsabilidad de gestionar la provisión de alimentación escolar”, expresa el comunicado.
La institución menciona que deben llevarse a cabo las licitaciones con el presupuesto disponible para proveer respuestas efectivas. También alienta a cumplir las obligaciones con una gestión transparente y con celeridad.
En los últimos días, se dieron muchas quejas por la gestión en la provisión. Los gremios docentes incluso solicitaron eliminar el horario extendido en las instituciones que no cuentan con el servicio.
Varios procesos licitatorios pararon luego del anuncio del proyecto que crea el Fonae y elimina el Fonacide, que dejaba la distribución del almuerzo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y de los gobernadores. Se dejaba fuera de la ecuación a los intendentes, aunque sin modificar su presupuesto, sino ampliando los montos para infraestructura.
La interrupción de las licitaciones se dio, pese a que el Gobierno aclaró que las reformas serían para el 2015.
El intendente de San Antonio, Santiago Aguilera, aseguró que las licitaciones pararon por orden del mismo presidente Santiago Peña, incluso ya con los procesos abiertos.
Afirmó que fue el mandatario el que dijo que sería el Gobierno Central el que se encargaría del almuerzo escolar y ya no los intendentes.
Indicó que con el comunicado de Contrataciones Públicas, instando a seguir con la provisión, van a reiniciar el proceso que podría demorar 45 días.
La promesa que hizo el presidente Santiago Peña a los intendentes, de impulsar un proyecto para que el impuesto inmobiliario quede en su totalidad en las municipalidades, ya que actualmente el 30% de lo recaudado va a gobernaciones (15%) y municipios de menor recaudación (15%), quedó postergada hasta nuevo aviso. El senador Basilio Núñez indicó que ni siquiera se habla del tema y que desconoce en qué instancia está, ya que eso fue solo para los intendentes. El anuncio fue polémico, ya que para que se redistribuya el impuesto es necesario modificar la Constitución Nacional. El cartismo habló de una enmienda.
