Como una respuesta tibia ante el tema de la mafia de los pagarés, la ministra de Salud, María Teresa Barán, dijo que, como medida de urgencia, están dando cursos de educación financiera. Al último, explicó que cada funcionario puede cancelar los descuentos convencionales.
Hoy, la representante de la cartera de Estado finalmente compareció en el Congreso, ante la Comisión de Investigación de los esquemas de estafas con pagarés.
Reconoció que dentro de la mafia de pagarés, Salud Pública es una de las instituciones más afectadas, por lo que consideró que la reunión como “una oportunidad para dar soluciones definitivas”.
Las principales víctimas del esquema son enfermeras, técnicos, personal de apoyo, explicó. Se tiene que casi 2.700 funcionarios de Salud están con problemas judiciales, de los cuales 930 son por prestación alimentaria.
Con esta cifra, serían un poco más de 1.700 personas que soportan embargos, muchos de ellos víctimas de la mafia de los pagarés, en donde habrían sido engañados, les habrían duplicado y hasta cuadruplicado pagarés para cobrar varias veces una misma deuda.
Sin embargo, Barán informó sobre las medidas que están tomando “para salvaguardar el bienestar del personal”, que son cursos sobre educación financiera, respecto a “cómo trabajar en el tema de los ahorros”, pese a que muchas veces los descuentos no es culpa de los funcionarios.
Se limitó a decir que “tenemos que entender que muchas veces estos descuentos son órdenes judiciales y como Ministerio de Salud no tenemos otra opción que cumplir con la orden judicial”.
Cancelar descuentos que no son judiciales
Por otra parte, la ministra mencionó que cada funcionario puede solicitar el cese de los descuentos que una vez acordaron con la institución.
“Esto es una acción que cada persona en forma individual debe solicitar, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que los descuentos que se hacen por vía judicial se cumplen”, sostuvo la representante del Estado.
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Manifestó María Teresa Barán que el propio funcionario puede solicitar ante el Ministerio de Salud que no se le haga más estos descuentos y que trate en forma directa con la empresa con quien asumió esa deuda.
El senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión, habló de respetar el derecho del trabajador de revocar esas autorizaciones, que muchas veces “son utilizadas de una manera abusiva por asociaciones u otras entidades”.
Anunció que para los próximos días están invitados el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez; así como el decano de la Facultad de Medicina, y representantes del Banco Nacional de Fomento (BNF).
