LA PAZ
Mineros, cocaleros y algunos sectores que son parte de la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical de Bolivia, marcharon este lunes para exigir al Gobierno de Rodrigo Paz que elimine el decreto que dispone el retiro de la subvención a los combustibles.
Se trata del primer conflicto que afronta Paz desde que tomó juramento el pasado 8 de noviembre.
Decenas de mineros cooperativistas llegaron desde otras regiones del país y marcharon hacia La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, desde la ciudad vecina de El Alto, para mostrar que este sector “está dispuesto a todo” para que el Gobierno retroceda en su decisión.
“Esta marcha se ha convocado para derogar este decreto que atenta los derechos de todos los bolivianos. Tiene que haber una convocatoria sana y estructural para sentarnos a dialogar”, dijo a EFE el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Josué Richard Kari Kari.
El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz, Alfredo Yanarico, afirmó que el levantamiento de la subvención a los combustibles “afecta a toda la población” boliviana, en especial a quienes viven “del día a día”. La movilización de los mineros en La Paz provocó la molestia de algunos transeúntes, pues en varias partes de la ciudad les insultaron y les exigieron que se vayan de la ciudad.
“¡Paguen sus impuestos!” y “¡Ladrones!”, fueron algunas frases que les gritaron, además otros los vincularon con el Movimiento al Socialismo (MAS), partido político que gobernó el país en los últimos 20 años.
En la ciudad central de Cochabamba, juntas vecinales, grupos de campesinos y cocaleros también marcharon.
Los movilizados acusaron al presidente Paz de “robarles” la subvención y pusieron en carteles “No al gasolinazo”.
En la víspera, el Gobierno se reunió con la Confederación Nacional de Choferes, que tenía previsto iniciar una huelga, pero la protesta se suspendió tras alcanzar un acuerdo con las autoridades.
El decreto 5503, emitido el miércoles por Paz, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros. Esto supone incrementos del 86% para la gasolina y del 162% para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
Esta decisión va acompañada de otras medidas, como el incremento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), e incrementos en los bonos para escolares del sistema público y adultos mayores.
6,4% del PIB
El Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz calculó que mantener la subvención demandaría en 2026 un gasto de 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4% del producto interior bruto (PIB), por lo que explicó que no es posible retirar parcialmente el subsidio, ni reponerlo. Paz, que tomó juramento el pasado 8 de noviembre, afirmó que recibió un país con “la peor crisis económica, financiera, social y ambiental” de su historia.
